La administración federal ha iniciado una serie de mesas de trabajo con los sectores productivos y distribuidores de alimentos para garantizar la estabilidad en el precio de la tortilla. Ante las versiones sobre posibles incrementos derivados de la presión inflacionaria global, la postura institucional es clara: no existen condiciones que justifiquen un aumento desproporcionado en este producto básico para la dieta nacional. El gobierno mantiene una vigilancia estrecha sobre los costos de los insumos internacionales para evitar que choques externos se traduzcan en abusos contra el consumidor final.
A través de las instancias correspondientes, se ha advertido que se aplicarán los mecanismos legales y de supervisión necesarios para impedir prácticas especulativas en la cadena de valor del maíz y la tortilla. El diálogo con la industria busca equilibrar los costos operativos de los productores con la protección de la economía familiar, priorizando el acceso a los productos de la canasta básica. Estas acciones de concertación y vigilancia se mantendrán de manera permanente para asegurar que los precios se mantengan en niveles justos y competitivos, alineados con las metas de control inflacionario vigentes en el país. El compromiso del Estado es salvaguardar el poder adquisitivo de la población frente a las fluctuaciones del mercado.
