La reclusión implica costos económicos para los presos y para el Estado. En las prisiones hace falta imponer la ley y reducir la población encarcelada.
México está entre los diez países del mundo con mayor población encarcelada, según la World Prison Population List que publica la Universidad de Londres (2021). La población encarcelada en México es mayor que la población total en muchos países miembros de las Naciones Unidas.
No es que los mexicanos sean proclives a cometer delitos que ameriten cárcel, sino que las fiscalías mexicanas son proclives a encarcelar. Es una comodidad para investigar con calma. La orden folclórica “¡Mátalos, después viriguas!” transformada en “¡Enciérralos, después viriguas!”.
El país tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Si la cárcel promedio ocupa una manzana (10,000 metros cuadrados), todo el Sistema ocupa 3 kilómetros cuadrados: la millonésima parte.
La reclusión es deprimente, estigmatizante y perturbadora de la vida personal, familiar y profesional. Además, tiene costos económicos para el preso: ingresos y oportunidades que pierde, sobornos y otros pagos. También hay costos para el Estado: la construcción y operación de reclusorios, así como la reducción del PIB y la recaudación de impuestos.
El INEGI publica un Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021. El sistema consta de 323 reclusorios: 19 federales, 251 estatales y 53 especiales. Está a cargo de 40 mil personas (125 por reclusorio). La capacidad total es de 221 mil presos. Está saturada con 223 mil (700 por prisión). Pero la saturación no es uniforme. En el penal de Topo Chico, donde estalló una riña que dejó 49 muertos, había celdas de 4×4 metros con 50 presos: 3 por metro cuadrado. Las riñas también estallan si conviven miembros de distintos cárteles.
Los penales suelen estar en manos de un capo encarcelado que tiene ahí su departamento, oficinas, ayudantes, computadoras y otros privilegios, como organizar un negocio de extorsión telefónica, repartiendo celulares a los reclusos, o vender drogas.
En las cárceles hay violencia, como en todo el país: inseguridad, asaltos, golpizas, robos, extorsiones, tortura, violaciones, asesinatos, motines y fugas. Pero el país tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Si la cárcel promedio ocupa una manzana (10,000 metros cuadrados), todo el Sistema ocupa 3 kilómetros cuadrados: la millonésima parte. Una millonésima bajo vigilancia armada, en recintos con llaves, cámaras y sistemas de alarma.
Imponer la ley en tales condiciones es un millón de veces más fácil que en todo el territorio nacional, y tendría consecuencias favorables dentro y fuera de los reclusorios. Sería un comienzo convincente de que sí se puede imponer la ley.
La abdicación de las autoridades carcelarias frente a los capos se debe en primer lugar al miedo: los narcos pueden ser implacables. Hay que romper su dominación para restablecer la autoridad legítima. Esto requiere vocación, valentía, astucia y respaldo exterior, todo lo cual es posible, porque existe en algunos casos.
También hay que reducir la población encarcelada. Según el Censo, menos de la mitad de los reclusos ha recibido sentencia definitiva. Los demás están ahí esperándola, hasta diez o quince años. Según el INEGI, hay 4 mil agencias y fiscalías en el país. En promedio, cada una tiene en la cárcel a 56 personas, aunque sólo unas 26 cumplen sentencia definitiva. Las otras 30 deben reducirse, digamos a 10, fijando topes al Ministerio Público. Puedes seguir trabajando con calma; pero, en lo sucesivo, por cada persona que encarceles tienes que sacar dos, para seguir investigándolas bajo otras modalidades cautelares (prisión domiciliaria, localizador electrónico).
También sería bueno que la consignación a prisión preventiva pierda vigencia al año, aunque se renueve, demostrando a un juez los avances de las averiguaciones previas y la necesidad de más tiempo.
Hay muchos que están presos simple y sencillamente porque no tienen para pagar la fianza. Un organismo no gubernamental especializado en reinserción puede hacer un gran servicio social pasando la charola para obtener fondos, pagar fianzas, sacarlos y apoyarlos en la busca de empleo, aprendizaje de oficios y obtención de microcréditos.
Encarcelar a una mujer es también castigar a sus niños, que no son culpables. Esta injusticia es peor si la madre es encarcelada preventivamente, en vez de esperar la sentencia en su casa. Hay que suprimir la prisión preventiva en el caso de las mujeres.
Reforma 26/VI/22
