La mitad de los gobernadores de la foto «maldita», tomada en Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2012, fueron encausados.
Tres permanecen en prisión: Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y Roberto Sandoval (Nayarit). Se les acusa de peculado, corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Sandoval está en el punto de mira del Gobierno de Estados Unidos. Antes de ser detenido en Linares, Nuevo León, en junio de 2021, Mike Pompeo, secretario de Estado en el primer mandato de Donald Trump, denunció en su cuenta de Twitter (hoy X): «Roberto Sandoval Castañeda (…) se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes (…) lo que lo hace inelegible para ingresar a EEUU». El nayarita no es el único exgobernador en la lista de narcopolíticos de la Casa Blanca. También los hay del norte.
Detenido en abril de 2017, en Guatemala, Javier Duarte fue el único que amenazó con destapar la cloaca y apuntó hacia la cima del poder. «Muy pronto se van a llevar una sorpresita. No hablo por hablar, lo tengo con documentos, audios y datos de prueba». En una entrevista telefónica desde el Reclusorio Varonil Oriente, el exgobernador declaró al periodista Noé Zavaleta ser la cabeza de turco del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, «para ganar la elección de Estado de México».
Duarte acusó al entonces procurador general de la república, Arturo Elías Beltrán, y al subprocurador, Felipe Muñoz, de extorsionarlo para cambiar la figura de «delincuencia organizada» por la de «asociación delictuosa» y reducir la condena. «O pagaba o iban contra mi familia, al más puro estilo de Los Zetas. El dinero para pagar la “extorsión” me lo dio el presidente Peña Nieto, me lo mandó con un amigo que tenemos en común», (Proceso, 15.07.19). Duarte se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a nueve años de prisión. En compensación, la jueza Isabel Porras Odriozola, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, le regresó 21 terrenos ejidales en Campeche, así como 20 casas y departamentos en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero (Infobae, 18.05.20).
El caso de Karime Macías es particular. Jamás la esposa de un exgobernador (Javier Duarte) había sido arrestada; y para más inri, en un país extranjero. La expresidenta del DIF de Veracruz fue detenida en octubre de 2019 por la Policía Metropolitana de Londres, donde tramitaba asilo político. El Gobierno de México solicitó su captura, con fines de extradición, por cargos de peculadoy lavado de dinero mediante una red de empresas fantasma dirigida por su ahora exesposo.
Una llamada anónima condujo a una bodega propiedad de la pareja. Durante el registro, la policía encontró sillas de ruedas, despensas, útiles escolares y una libreta misteriosa con anotaciones autógrafas de Karime Macías. El diario contenía información de cuentas bancarias, propiedades —dentro y fuera del país— y nombres de funcionarios y familiares con quienes hacían negocios. La primera dama justificaba su riqueza con una frase repetida en toda una página: «Sí, merezco la abundancia». Macías terminó por divorciarse de Duarte. En agosto pasado, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz la absolvió del delito de peculado. La Fiscalía del Estado no acreditó el desvío de 114 millones de pesos del DIF.
