La decadencia de la vieja partidocracia tiene su origen en el rechazo ciudadano hacia sus siglas. El reflejo, irrefutable, son los números de las elecciones del 2 de junio. En la presidencial y en las legislativas el triunfo de Morena y sus aliados PT y Verde es abrumador. El falso dilema surgió por el reparto de las 200 diputaciones y 32 senadurías de representación proporcional. ¿Cuál era la pretensión del PAN, PRI y PRD y de los grupos de poder? Obtener a través de los medios de comunicación y de campañas artificiosas lo que la ciudadanía les negó en las urnas: votos. De los 300 distritos electorales del país, Acción Nacional ganó tres, el 1%, con 372 mil sufragios; y Morena, 37, con 3.6 millones.
El PAN-PRI-PRD obtuvieron juntos 39 diputaciones; y Morena-Verde-PT, 219. El primer bloque captó 17.4 millones de votos, y el segundo 27.4 millones. Para elevar su presencia en la Cámara Baja, los partidos de la alianza Fuerza y Corazón por México demandaron distribuir los asientos plurinominales conforme a la votación global. Sin embargo, el artículo 54 de la Constitución, reformado en 1996 (durante el Gobierno de Ernesto Zedillo), es claro al respecto: los escaños deben asignarse con base en las papeletas emitidas por cada partido. El Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales se modificó en la administración de Vicente Fox para que el reparto se hiciera por coalición. La idea era restarle presencia al PRD y a Andrés Manuel López Obrador, el nuevo caudillo de la izquierda. La regla se eliminó en 2008, sin haberse puesto en práctica, para favorecer al PRI, PAN y Verde, entonces su aliado.
El criterio constitucional de la reforma zedillista rige desde las elecciones intermedias del sexenio de Felipe Calderón. Mientras la distribución de diputados de representación proporcional (plurinominales) benefició al estatu quo, el PRI y el PAN estuvieron de acuerdo, pues pudieron cambiar la Constitución y aprobar las reformas de Calderón. Pero sobre todo las promovidas por Enrique Peña por requerir mayoría calificada. Aun así, para tener los votos suficientes, se recurrió al soborno. El Instituto Nacional Electoral (INE) resistió las presiones para restarle legisladores a los partidos de la coalición oficialista y concederle de más al PAN-PRI-PRD en interés de los equilibrios y de evitar una supuesta sobrerrepresentación.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, refutó la falsa disyuntiva. «La Constitución es contundente y precisa. No hay dilema. Las reglas (…) son muy claras. Pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula (aplicada desde 1996) de otra manera es impensable». Los partidos defienden la norma cuando les favorece; y cuando no, la impugnan. El consejero Arturo Castillo lo ejemplifica así: «La contradicción política consiste en que quienes desde 1996 aprobaron el modelo de representación previsto en el artículo 54 constitucional, hoy exigen una nueva interpretación en aras de una representación más justa. Y quienes antes cuestionaron el modelo, hoy defienden una interpretación más estricta. Aquí está la ironía. La contradicción política».
La clave está en el artículo 54 y en su contexto. En 1996, cuando se reformó, el país venía de una elección marcada por la inequidad, el agotamiento del régimen y el trauma por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En ese proceso ningún partido se coligó y el PRI perdió, por primera vez, la mayoría absoluta en el Congreso. La reforma política de Zedillo obligó a cada partido a demostrar su fuerza real. Cuatro años después, vino la primera alternancia con el triunfo del PAN. Fox, Calderón y Peña Nieto encabezaron gobiernos divididos, por decisión ciudadana. A la presidenta electa Claudia Sheinbaum, los electores le dieron, como a AMLO, mayoría calificada en el Congreso y absoluta en el Senado. Las oposiciones tienen la representación que merecen. Ni más ni menos.
