La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se encuentra en el centro de una controversia legal que podría derivar en responsabilidades administrativas y penales tras revelarse un operativo irregular en la Sierra Tarahumara. El incidente, ocurrido el pasado domingo, dejó al descubierto la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operando en territorio estatal con uniformes oficiales de las fuerzas de seguridad de Chihuahua.
De acuerdo con el análisis de la periodista Vanessa Romero Rocha, la gobernadora habría excedido sus facultades legales al permitir la intervención de agentes extranjeros, una competencia que la Constitución Mexicana reserva exclusivamente al Ejecutivo Federal. Esta acción ha sido señalada como una transgresión directa a la soberanía nacional y a las leyes de Seguridad Nacional, las cuales obligan a informar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad sobre cualquier intercambio de esta naturaleza.
A las implicaciones administrativas se suman posibles delitos penales. Al facilitar uniformes institucionales y permitir que individuos extranjeros realicen operaciones armadas sin los permisos correspondientes, la mandataria podría haber incurrido en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Asimismo, especialistas sugieren que estas acciones encuadran en figuras jurídicas graves, como la traición a la patria, sancionada con penas de hasta cuarenta años de prisión.
El escándalo ya provocó la renuncia del fiscal general del estado, César Jáuregui, en un intento por contener las repercusiones políticas. No obstante, el caso apunta a una responsabilidad directa de Campos Galván, quien es señalada por entrometerse en facultades federales al intentar combatir delitos como el narcotráfico mediante acuerdos externos no autorizados. El panorama actual sugiere que la gobernadora podría enfrentar un juicio político para su destitución e inhabilitación del cargo público.
