La elección por unanimidad del nuevo auditor superior del estado, el 1 de septiembre pasado, libró al estado de un conflicto innecesario, pues los diputados se decantaron por un perfil técnico y no político. Haberse formado en la Auditoría Superior del Estado (ASE), donde hasta hace poco se desempeñó como auditor de Planeación e Información, le permitirá a Manuel Ramírez, sucesor de Armando Plata, dar continuidad al trabajo de una institución clave en la rendición de cuentas. La ASE obtuvo el Premio a la Innovación y Transparencia 2016 del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) y ganó el Catalyst Awards 2020 en la categoría de Capacitación y Desarrollo Humanos que otorga Blackboard, empresa líder de «software» y tecnología educativa con sede en Washington.
El consenso entre las distintas fracciones parlamentarias para nombrar al nuevo funcionario con 23 votos a favor, le permite a Ramírez empezar su tarea sin presiones. El resto dependerá de los resultados que brinde. Entre los aspirantes al cargo figuraron mujeres calificadas, como Ludivina Leija, formada también en la ASE. Sin embargo, las diputadas, que son mayoría en el Congreso, optaron por un paisano del gobernador Miguel Riquelme. El periodo del auditor es de ocho años, y por tanto abarcará lo que resta de la administración actual, el próximo Gobierno y los primeros meses del que inicie en 2030.
De los 32 auditores estatales, casi un tercio son mujeres. La mayoría (nueve) ejerce el cargo en estados gobernados por Morena o cobijados por la 4T (Colima, Guerrero, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz); uno por el PAN (Durango) y otro por el PRI (Estado de México). La relación refleja la importancia que las administraciones locales conceden a la paridad de género también en los órganos constitucionales autónomos. El gabinete de Andrés Manuel López Obrador tiene más mujeres en posiciones relevantes que cualquiera de los precedentes. Incluso quien le suceda puede ser la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
La ASE ha sido, con sus luces y sus sombras, la aguja en el pajar dentro del embuste denominado Sistema Estatal de Corrupción (SEA). Diseñado por el exgobernador Rubén Moreira, el organismo está plagado de incondicionales suyos, como ocurre en el Instituto de Información y Acceso a la Información Pública. La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción (Fedheco), a cargo de Jesús Homero Flores, es guardaespaldas del clan y no hace más que mirarse el ombligo. Por cada peso que cuesta a los coahuilenses, la Fedheco recupera… ¡once centavos! Para el fiscal, la megadeuda, a la cual se destinarán este año más de cinco mil millones de pesos para el pago de intereses, y el desvío de casi mil millones de pesos a empresas fantasma, no existen.
El estado ganaría más si el Sistema Anticorrupción prescindiera de órganos, asesores y burócratas inútiles. Con el ahorro podría crearse un Fondo Estatal de Desastres —en vez de subir el Impuesto Sobre Nóminas, como se pensó— o atender otras prioridades. Entre 2018 y este año, la Fedheco gastó 145 millones de pesos, abrió 753 carpetas de investigación y resarció 11.7 millones de pesos al erario, de acuerdo con una nota de Arturo Estrada (Zócalo Saltillo, 04-09.22). Por esa cantidad, funcionarios acusados de peculado, cohecho y otras irregularidades pudieron librar la acción de la justicia. En vez de castigar, sistema premia. La ASE, ahora bajo la gestión de Ramírez, debe mantener su autonomía y dar, como lo ha hecho, ejemplo al SEA.
