El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, lanzó en días recientes un par de bumeranes. En el primero acusa: «La destrucción de los fideicomisos (del Poder Judicial) debilita la impartición de justicia». En el segundo, relacionado con la Ley de Ingresos de la Federación del año próximo, pontifica: «El endeudamiento afectará a la población». En el Gobierno de Moreira (2011-2017) el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), mangoneado por él, al igual que el Congreso, «invirtió» 125 millones 600 mil pesos en la Financiera Popular (Ficrea), tomados del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia. Se trata de un delito flagrante, pues la ley prohíbe utilizar recursos para fines distintos a su propósito.
En principio se dijo que el monto defraudado por Ficrea ascendía a 90 millones de pesos, acaso para ahorrarle al presidente del TSJE, Gregorio Pérez Mata, y a su jefe una vergüenza mayor. Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado, entonces a cargo de Armando Plata, descubrió omisiones por 35.6 millones de pesos. La diputada Sonia Villarreal, presidenta de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso, quien ahora funge como secretaria de Seguridad Publica, declaró que el TSJE, por medio del Consejo de la Judicatura, debería «recuperar el dinero (para) que se haga justicia y pague quien tenga que pagar». Pues bien, ni castigo para los responsables (Moreira y Pérez), ni pago alguno. Los fondos se esfumaron por arte de birlibirloque.
Pérez fue defenestrado, al caso se le dio el consabido carpetazo (como al «moreirazo», las empresas fantasma y tantos otros) y solo se ha recuperado una mínima parte de los 126.5 millones de pesos. La Secretaría de Finanzas invirtió 158 millones de pesos en la misma sociedad financiera popular, cuya devolución solicitó Moreira. Empero, de esos caudales no existe registro alguno. Entonces, ¿quién los tiene, a dónde fueron a parar? Javier Navarro-Velasco, síndico del concurso mercantil, declaró no haber tenido contacto con nadie del Gobierno de Coahuila: «Sé que requirieron 150 millones de pesos más 8 millones (…) de intereses cuando comenzó el problema. Sé que al interventor se le requirió, pero no hubo ningún pago (…). Ficrea no tiene la obligación de responder por ese problema» (El Economista, 16.05.17).
Con respecto al endeudamiento federal por 1.9 billones de pesos para 2024, la insolencia es aún mayor. El asunto se debatió en la Cámara de Diputados, recibió amplia cobertura y finalmente se aprobó. El «moreirazo» fue un asalto vil. Se urdió para fabricar fortunas, financiar campañas políticas (adquirir votos) y comprar silencios. Parte de la deuda por casi 40 mil millones de pesos se contrató con decretos falsos y con la complicidad de una banca inescrupulosa y voraz. El Congreso local, que en teoría debió haber autorizado o negado las operaciones, fue olímpicamente ignorado y, en el colmo del vasallaje, legalizó el atraco.
Coahuila ha pagado el equivalente a la megadeuda en intereses, sin que el capital baje de los 36 mil millones de pesos. Esa es la herencia del «moreirato», de la cual Rubén no dice ni pío. El estado, si bien le va, terminará de pagar a los bancos dentro de 20 años o más, según se comporte la economía. A Moreira lo protege el fuero. Es la tercera vez que ejerce de diputado y ahora pretende ser senador. Quizá lo sea, pues a la Cámara Alta llega ya cualquiera, pero igual pronto se le acaba la fiesta; ya sucedió en Hidalgo.
