Bajo la presidencia imperial, una de las formas de demostrarle al soberano que los recursos federales y estatales se invertían con honradez y en favor del pueblo, aunque no siempre fuera así, era con obras. Después de cada informe, los gobernadores y el representante presidencial inauguraban carreteras, escuelas, hospitales, unidades habitacionales e instalaciones de otro tipo. El Gobierno de Óscar Flores Tapia resultó, en este sentido, uno de los más fecundos. Lejos de la simpatía del presidente José López Portillo, sin grandes presupuestos y con una deuda por 500 millones de pesos, logró la transformación de Saltillo y de otras regiones de Coahuila.
Con las crisis económicas recurrentes y los tecnócratas en el poder, las cosas cambiaron. Eliseo Mendoza Berrueto se las ingenió para responder, con la mezcla de recursos federales, estatales y la participación de colonos y campesinos, la demanda de obras y servicios. Su relación con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso Lombardo, hizo posible la construcción de las autopistas de cuota Carbonera-Ojo Caliente (originalmente concesionada al Gobierno del Estado), Torreón-Saltillo, la ampliación del aeropuerto de Torreón y de la carretera a San Pedro. La creación del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) elevó los ingresos propios y la capacidad de la administración para realizar obra pública con un sentido regional. La situación financiera de Coahuila, agravada por la deuda, sería insostenible sin el ISN.
Los Gobiernos siguientes también estuvieron sujetos a limitaciones presupuestarias y a presiones cada vez mayores. La alternancia en el poder modificó la relación entre los estados y la federación, antes regida por el presidente. Sin ese yugo ni el temor de ser depuestos, los gobernadores formaron sus propios cotos de poder y se olvidaron de rendir cuentas al Gobierno federal ni a nadie. Las sucesiones estatales y la nominación de candidatos a diputados y senadores, reservadas al presidente de turno, las asumieron ellos, lo cual aumentó su fuerza con respecto al centro del país.
El poder excesivo de los gobernadores tuvo consecuencias nefastas. Destacan: los vínculos con el crimen organizado y la espiral de violencia, el retroceso democrático y el endeudamiento acelerado. Los pasivos de Coahuila se dispararon a 40 mil millones de pesos entre 2008 y 2010. Una parte significativa de los créditos se adquirió sin la autorización del Congreso, y con documentos falsos. La obra en el Gobierno de Humberto Moreira no es proporcional al monto de la deuda. En las administraciones de su hermano, Rubén, y de Miguel Riquelme, la inversión estatal se desplomó. La obra ha estado por debajo de las necesidades en los últimos sexenios.
El gobernador Manolo Jiménez rendirá su primer informe en esas circunstancias. Sin salidas a la vista, la administración es arrastrada por la inercia. El «moreirazo» impide el desarrollo todo plan a mediano y largo plazo. La seguridad, prendida siempre de alfileres, representa el punto fuerte. Coahuila es, por su dinámica, uno de los estados más atractivos para la inversión privada, pero, sin infraestructura suficiente, pronto podría buscar nuevos destinos. Los informes de Gobierno, en la mayoría de los casos, dejaron de ser escaparates donde se inauguraban autopistas, clínicas y equipamiento, se colocaban primeras piedras y se presentaban al país los progresos de cada entidad. Las crisis financieras heredadas ya no lo permiten. Las grandes obras las realiza el Gobierno federal. El control regresó a la presidencia, ejercida por una mujer poderosa, Claudia Sheinbaum, quien empieza a mirar al norte en busca de un desarrollo regional equilibrado. Jiménez tiene habilidades para aprovechar la coyuntura y distinguirse de sus predecesores.
