La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los integrantes del Congreso de la Unión a cumplir con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se incorporó el reconocimiento del derecho al acceso al agua y al saneamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de febrero de 2012, y se emita la correspondiente Ley General en la materia.
En el Día Mundial del Agua, destacó la importancia de este tipo de reconocimientos, así como de la emisión una ley en este sentido, debido a la actual crisis mundial del líquido vital, “caracterizada principalmente por la desigualdad, la pobreza y la violencia que están viviendo las comunidades y pueblos, así como por la intensificación de la actividad minera, la industrial y de la agricultura, cuyas grandes demandas de agua, atentan contra su gestión sostenible y equitativa ”.
Expuso que ha documentado diversas problemáticas en materia de agua y saneamiento, las cuales han quedado reflejadas en la emisión de, por lo menos,18 Recomendaciones. Puntualizó que 12 de ellas han sido emitidas en la presente administración (de 2020 a la fecha), “quedando expuestas diversas problemáticas de carácter estructural en materia de acceso al agua y el saneamiento que las autoridades de los diversos órdenes y niveles de gobierno deben atender de manera urgente”.
La CNDH señaló como ejemplos de lo anterior: el acaparamiento y desperdicio del agua para usos no prioritarios, afectando su disponibilidad para el uso personal y doméstico; la sobreexplotación de acuíferos, su contaminación y la falta de vigilancia e inspección por parte de las autoridades a quienes extraen grandes cantidades de agua en zonas de estrés hídrico,
Igualmente, la ausencia de normas generales con criterios de asequibilidad para los servicios de agua y saneamiento, y la falta de provisión del mínimo vital por parte de los organismos operadores de agua, entre otros.
En un pronunciamiento, la CNDH indicó que resulta relevante la iniciativa del Ejecutivo federal presentada el pasado 5 de febrero del año en curso, que incluye modificaciones a los artículos 4° y 27 para autorizar asignaciones para garantizar el consumo personal y el uso doméstico del agua; para no otorgar concesiones a empresas privadas en zonas con baja disponibilidad del líquido en cantidad y calidad; y para impedir el fracturamiento hidráulico (fracking) con agua como fluido base, para la extracción de hidrocarburos.
Enfatizó también que resulta fundamental atender las problemáticas que derivan de las posibles violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento, ya que el acceso desigual al líquido vital, su contaminación o escases, así como la discriminación de su reparto generan conflictos “-que ponen en riesgo la estabilidad y la paz social, por lo que se deben afianzar los mecanismos de defensa del agua, para que esta sea suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible, y que el beneficio primordial esté enfocado a quienes se encuentran en situaciones de pobreza, desigualdad y en contextos de violencia”.
