Los congresos de Coahuila y del país, en su mayoría, han cumplido su encomienda a secas y actuado como oficialía de partes. Pocos sobresalen. El blasón corresponde a la legislatura que al final de la Decena Trágica desconoció al usurpador Victoriano Huerta como presidente. La iniciativa del gobernador Venustiano Carranza fue aprobada por los diputados el 19 de febrero de 1913, el mismo día de su presentación. En 1981, un grupo de diputados intentó frenar la renuncia de Óscar Flores Tapia, pero el gobernador los disuadió, por inútil y para no atizar aún más la inquina del presidente José López Portillo. Las legislaturas siempre han estado al servicio del ejecutivo, pero ninguna tan abyecta como la LVIII por haber legalizado una deuda de la cual se enteró, o fingió hacerlo, hasta que destapó el «moreirazo» la Secretaría de Hacienda.
Diputados de ese congreso y su pastor, Fernando de las Fuentes, recibieron, en correspondencia, alcaldías, cargos administrativos y sinecuras en los Gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Riquelme. Otros, como Raúl Onofre y Verónica Martínez, todavía hoy son diputados. Salvador Hernández Vélez fue premiado con la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los demás desaparecieron de escena gradualmente. Shamir Fernández, uno más de los diputados de la megadeuda, compitió por la alcaldía de Torreón el año pasado. Obtuvo el 39% de la votación, siete puntos por debajo de Román Alberto Cepeda (PRI), más por las siglas de Morena que por su trayectoria.
Los congresos sucesivos cumplieron la tarea de echar tierra al «moreirazo». La comisión legislativa que investigaría el destino de 40 mil millones de pesos fue otro de los embustes de Rubén Moreira que los diputados se tragaron como ruedas de molino. Hurgar en el Gobierno de su hermano, Humberto Moreira, habría sido suicida. El PAN denunció el endeudamiento ilegal ante la Procuraduría General de la República, pero terminó por olvidarse del asunto. Hoy los diputados panistas, aliados en PRI, hacen el trabajo sucio sin gesticular. El Sistema Anticorrupción y la fiscalía respectiva, aprobados por el Congreso hacia finales del Gobierno de Rubén Moreira, se han dedicado a cazar fantasmas, actúan por consigna contra rivales políticos y eventualmente sancionan alguna irregularidad. La mayoría de las veces, menor. Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por el atraco recibieron el consabido carpetazo en la Fiscalía General del Estado. El primer zar contra la corrupción, Jesús Homero Flores, colaboró antes con Humberto Moreira en la alcaldía de Saltillo. Hoy es magistrado —por voto popular— del Tribunal Superior de
Justicia de Coahuila, brazo con el cual el Gobierno controla a los poderes públicos.
Resuelta la «renovación» del Poder Judicial sin contratiempos, solo falta un Congreso igualmente a la medida del deseo. La legislatura que se nombre en junio próximo será la más importante para el gobernador Manolo Jiménez, pues con ella cerrará el sexenio. El PRI hará todo lo que esté a su alcance para conservar la mayoría. Si el PAN le acompaña o no, es irrelevante. Acción Nacional es el más urgido, pues su registro pende de un hilo. Para Morena y el PT, juntos o por separado, el Congreso significa el paso previo para la alternancia en el único estado donde no la habido. Solo si los egos de sus líderes no se anteponen podrían avanzar en su objetivo.
