La elección de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, ocurrió dentro de los cauces constitucionales, como sucede en toda democracia. El proceso lo precedió la polémica por el supuesto plagio de una tesis de licenciatura atribuido la ministra Yasmín Esquivel —favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador— y una campaña mediática, propias también de países libres. El resultado lo celebraron los poderes fácticos y los adversarios de la Cuarta Transformación a bombo y platillo, lo cual tampoco es raro donde existen intereses encontrados y la lucha por el poder se exacerba conforme la sucesión presidencial se aproxima, como si hubieran salvado a México del apocalipsis.
En el contexto político actual —de «complejidad nacional», dijo la ministra Piña —, la Corte es presentada como marioneta del presidente o modelo de autonomía y congruencia según convenga. La realidad es que así como al servicio diplomático lo demerita la designación de políticos sin experiencia, el máximo tribunal constitucional también se ha utilizado para pagar favores o defender a los grupos de poder. Es el caso de Eduardo Medina Mora, colaborador de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto en temas de seguridad, justicia y política exterior. Medina renunció tras revelarse una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en su contra por lavado de dinero.
La composición de la Corte explica en parte la elección de Piña, cuya formación en el Poder Judicial, su postura contraria a algunos asuntos prioritarios de la 4T y las expectativas generadas la comprometen no solo a impulsar una agenda en favor de la mujer, por ser la primera representante de ese género en la presidencia del tribunal, sino a darle solidez y credibilidad a una institución clave en el desarrollo democrático. De los 11 ministros de la Corte, elegidos para un periodo de 15 años, el Senado le aprobó cinco al presidente Felipe Calderón —entre ellos Arturo Zaldívar—, dos a Peña Nieto —Norma Lucía Piña y Javier Laynez— y cuatro a López Obrador.
Yasmín Esquivel estaba lejos de ganar la votación. No solo por formar parte del grupo minoritario (4/7) y hallarse en medio del escándalo de la tesis, sino porque el ambiente en la Corte no es propicio al presidente López Obrador, quien ha afrontado al Poder Judicial por sus vicios arraigados y algunas resoluciones adversas a su proyecto de país. El tribunal aún adolece de graves problemas (corrupción, nepotismo y tráfico de influencias) los cuales deben corregirse desde dentro. Los grados de impunidad en México incentivan el delito y erosionan la confianza ciudadana en la institución.
El ascenso de Piña es un hito, pues la Corte siempre había sido presidida por varones, pero mejor es que lo sea por sus resultados. De los magistrados en ejercicio, solo cuatro son féminas, tres de ellas propuestas por el presidente López Obrador. Los puestos de Zaldívar y de Luis María Aguilar, cuyos periodos concluirán en 2024, podrían ser ocupados por mujeres para tener una Corte con mayoría femenina (6/5). El horizonte paritario planteado en la reforma constitucional de 2019 es inexorable, pero debe basarse en competencias, no en cuotas y menos en complicidades. México tiene por primera vez un gabinete casi paritario y también el mayor número de gobernadoras (9 de 32). No es casual entonces que una mujer encabece la intención de voto para la presidencia. La democracia avanza y las instituciones se afianzan, así sea a trompicones, aunque para algunos sectores México sea una «dictadura».
