Guillermo Anaya tiene el mérito de haber afrontado al moreirato en su apogeo. En 2011 le disputó la gubernatura a Rubén Moreira, impuesto por su hermano Humberto para echar tierra a la megadeuda y a otros desmanes del clan. El aparato estatal, el Instituto Electoral de Coahuila y un puñado de partidos satélite se movilizaron para darle al PRI la mayor votación de su historia (710 mil). Anaya —postulado por la alianza Coahuila Libre y Seguro (PAN-UDC)— captó 422 mil votos. La competencia, de por sí desigual, pudo haber recibido apoyo financiero de fuentes ilegítimas, de acuerdo con testimonios de testigos en tribunales de los Estados Unidos.
Anaya perseveró y seis años más tarde estuvo a punto de ser gobernador. El «moreirazo» y la arrogancia de la administración de Moreira II pasaron factura: el PRI perdió 230 mil votos con respecto a la elección previa. Miguel Riquelme, candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, formada por el PRI y otros siete partidos, obtuvo 482 mil votos, 30 mil por encima de Anaya, de la Alianza Ciudadana de Coahuila (PAN, PES y UDC). El margen de apenas 2.5% y las irregularidades del proceso dieron origen al conflicto poselectoral más largo y enconado en la entidad, bajo el mando del PRI desde 1929. El movimiento contra el «fraude», encabezado por Anaya, sumó a Armando Guadiana, Javier Guerrero y José Ángel Pérez y puso en vilo al moreirato.
Tras seis meses de protestas, movilizaciones e incertidumbre, vino el golpe. Con el ambiente crispado y la sucesión presidencial en puertas, se especuló que el PRI cedería Coahuila a cambio de Estado de México, donde Alfredo del Mazo, primo del presidente Peña Nieto, también pendía de un hilo. Sin embargo, como en los viejos tiempos, el dinosaurio volvió a imponer su ley. El INE de Lorenzo Córdova y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) doblaron las manos. «Ceder a las presiones de la presidencia de la República y de su partido traiciona la voluntad de la mayoría de los coahuilenses», denunció Anaya. Victoria pírrica, pero mientras los intereses queden a salvo qué importa.
Frente a la indignación de «cientos de miles de personas», el TEPJF se puso del lado del PRI-Gobierno, acusó el panista. «Catorce agravios (documentados con 200 pruebas) se le perdonaron a Riquelme (…) ante el caos que vivimos con la dictadura Moreira de 12 años de fraudes y narcotráfico, (los magistrados) prefirieron ceder a las presiones del PRI-Gobierno que apostó por la impunidad (…). Es un retroceso democrático que no hayan volteado a ver el robo de urnas, la suplantación del 40% de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral por priistas, la violencia en las casillas, así como el uso de Fuerza Coahuila para favorecer al PRI y atacar a la oposición».
El PAN también olvidó las ofensas, se alió con la «dictadura» e ignoró a los coahuilenses que durante décadas lo acompañaron en sus luchas. Seis años atrás, miles de ciudadanos indignados habían desbordado las calles para protestar contra «doce años de fraudes y narcotráfico». La rendición del PAN ocurrió antes, cuando el INE y el TEPJF, con pruebas para anular las elecciones, decidieron subordinarse al presidente. El partido opositor por antonomasia arrió banderas y su lugar fue ocupado por Morena. La ciudadanía esperaba ver morir al PAN de pie, nunca de rodillas. El partido azul y blanco empezó a pagar desde antes en las urnas su falta de valor para afrontar a su enemigo histórico en vez de ser su acólito.
