El laberinto de violencia que atrapa al país obedece a políticas fallidas y a una trama de intereses políticos, económicos, castrenses y de organizaciones criminales urdida desde mediados del siglo pasado, e incluso desde antes, a partir del contrabando armas y mercancías de Estados Unidos a México. El fenómeno permaneció bajo control mientras el Gobierno federal dominó a los demás actores. La barbarie empezó cuando el PRI perdió la presidencia y los gobernadores trataron directamente con los narcos. La paz previa se basaba, en palabras del exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, en arreglos con los carteles para convenir las rutas de la droga, seguramente a cambio de grandes tajadas. Una de las condiciones consistía en dirimir las diferencias entre ellos, sin llamar demasiado la atención en las calles ni en los medios de comunicación.
Autoridades estadounidenses acusaron a los exgobernadores Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo), Tomás Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas) y Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit) de vínculos con el narcotráfico. Los dos primeros fueron sentenciados tras declararse culpables. El tercero permanece detenido por la Fiscalía General de la República. Villanueva, uno de los preferidos del presidente Carlos Salinas, «recibía alrededor de USD 500,000 por cada cargamento que le permitía realizar al Cartel de Juárez. A cambio de esa suma, Villanueva consentía almacenar la droga en ranchos de la entidad para después ser trasladados vía terrestre o aérea a EE. UU.» (Infobae, 29.10.19).
Al igual que a los capos de Colombia la justicia de su país les tenía sin cuidado, los políticos de México tiemblan cuando Estados Unidos los reclama. En el caso de Yarrington, por tráfico de drogas, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y colaboración con carteles de la droga desde que era alcalde de Matamoros. El tamaulipeco huyó a Italia en 2012. Cinco años después, la policía lo detuvo en Florencia con base en una notificación roja de la Interpol. Para evitar su arresto presentó una identidad falsa.
Sigal Mandelker, exsubsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, denunció a Sandoval y colaboradores de su administración por enriquecerse «cruelmente a expensas de sus conciudadanos, ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas. Éstos y otros funcionarios corruptos se enfrentarían a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de Estados Unidos» (El Financiero, 17.05.19). La supuesta relación de Sandoval era con el Cartel Jalisco Nueva Generación, al cual se atribuye el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en 2000.
Dos años antes (el 27 de marzo de 2017), el FBI había prendido a Édgar «el Diablo» Veytia, fiscal del Gobierno de Nayarit, en la frontera Tijuana-San Diego, California. Se le acusó de pertenecer a una red de narcotráfico y de conspirar para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos. El gobernador Sandoval se hizo el sorprendido y evadió el tema con retóricas. Para evitar una sentencia de por vida, Veytia se declaró culpable y colaboró con la justicia de Estados Unidos. Recibió una condena de 20 años, pero también abrió las cloacas. En la audiencia del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Veytia dijo que las órdenes de proteger al cartel del Chapo Guzmán las recibió del funcionario calderonista y de los gobernadores Ney González y Roberto Sandoval.
El mismo año de la detención de Veytia, la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó el informe «Control… sobre todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río Texas», donde se denuncian «sobornos de millones de dólares pagados (…) a cambio del control total del estado». Menciona también las masacres en Piedras Negras y Allende. El expediente sigue abierto. La justicia en Estados Unidos puede tardar, pero no olvida.
