Especial por The New York Times Un enfrentamiento por los planes para remodelar todo el poder judicial está generando temores sobre el efecto que esto tendrá sobre el estado de derecho en México y el comercio con Estados Unidos.
A medida que el presidente de México se acerca al final de su mandato de seis años, su última misión es un rediseño radical del poder judicial que, según él, es necesario para combatir la corrupción.
Pero en un posible punto de inflexión para la democracia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una reacción negativa de los críticos que dicen que la medida es una toma de poder destinada a erosionar la independencia judicial y expandir la influencia de su movimiento político.
Los cambios propuestos harían que el poder judicial pasara de un sistema basado en nombramientos y basado en gran medida en la formación y las cualificaciones a uno en el que los votantes eligen a los jueces y hay pocos requisitos para postularse. La medida podría obligar a más de 5.000 jueces a dejar sus puestos, desde el presidente de la Corte Suprema hasta los de los tribunales de distrito locales.
La división del poder judicial en México es el último punto álgido del mandato de López Obrador, durante el cual ha impulsado cambios radicales que, según él, mejorarán la gobernanza, pero los críticos advierten que podrían poner en peligro la democracia y el estado de derecho del país.
Miles de jueces y trabajadores judiciales de todo el país se han declarado en huelga en protesta, y la semana pasada el embajador de Estados Unidos calificó la iniciativa de López Obrador en las últimas semanas de su mandato de seis años como “un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia de México”, lo que provocó una disputa diplomática entre las dos naciones sobre la sensatez de las propuestas y si Estados Unidos debería intervenir en absoluto.
Claudia Sheinbaum, la presidenta electa que asumirá el cargo en octubre, ha respondido a esas críticas, incluida la de calificar las elecciones como un riesgo para la democracia, lo que refleja el consenso entre los aliados de López Obrador a favor de la reforma. La determinación de sacar adelante las medidas ha mantenido en vilo a los mercados financieros, marcados por una caída del 13 por ciento desde principios de junio en el valor de la moneda, el peso.
El polémico debate pone de relieve el creciente malestar en México ante la perspectiva de que López Obrador y su partido político, Morena, estén tratando de afianzar las ventajas políticas que tienen ahora durante un período de tiempo mucho más largo.
Norma Piña, quien como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México ha sido blanco frecuente de la ira de López Obrador, dijo que los cambios propuestos ya estaban generando escalofríos en toda la profesión jurídica en México. Cuando se le preguntó si la reforma podría ser una cuestión de simple represalia, no descartó tal motivación.
