La presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para una semana determinante en la consolidación de su agenda legislativa, al definir las líneas generales de la iniciativa de reforma político-electoral que enviará al Congreso. Este proyecto busca transformar las reglas de competencia política en México, impactando directamente en la estructura del sistema de partidos y la organización de los próximos procesos electorales.
Bajo la conducción de la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, la propuesta prioriza tres ejes fundamentales: la reducción de las prerrogativas financieras a los partidos políticos, el recorte del presupuesto operativo de los órganos electorales y el achicamiento del Congreso de la Unión. Sin embargo, estas metas enfrentan resistencias internas dentro de la coalición gobernante, particularmente por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), quienes ven comprometida su representación y financiamiento.
La ruta crítica establece el 14 de enero como la fecha clave para consolidar el texto final de la iniciativa. El objetivo es procesarla en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, respetando el límite constitucional de mayo para realizar cambios legales aplicables al proceso electoral de 2027. Entre los escenarios analizados para el Poder Legislativo se encuentran opciones que van desde la reducción de diputados plurinominales hasta la eliminación de los 32 senadores de lista nacional.
En el flanco opositor, el bloque integrado por el PAN y el PRI ha manifestado un rechazo frontal, calificando la propuesta como regresiva. Incluso, se ha acuñado el término «Ley Maduro» para trazar paralelismos con regímenes autoritarios sudamericanos. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la dirección de Guadalupe Taddei, presentará diagnósticos técnicos en defensa de los organismos locales (OPLE), buscando preservar la infraestructura que garantiza la operatividad de los comicios en todo el país.
