Los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y las instituciones en general deben ser juzgados por sus méritos y resultados, no por simpatías o por inquinas; tampoco por los poderes fácticos y los grupos de interés. Desde esta perspectiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso (las dos cámaras) y el sistema de justicia están reprobados. El primero, por incumplir su promesa de entregar un país pacificado, un sistema de salud a la altura de los mejores del mundo y una educación de calidad. El segundo, por obedecer ciegamente a las cúpulas partidistas y dar la espalda a la ciudadanía a la cual jamás consulta sobre las reformas que aprueban. Y el tercero, por la impunidad: de cada diez delitos, al menos nueve no son castigados.
Los poderes Ejecutivo y Judicial se confrontan de nuevo en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, ahora por la extinción de 13 fideicomisos, aprobada por los diputados y senadores de Morena y los partidos Verde y del Trabajo. La medida le permitirá a la Tesorería de la Federación disponer de más de 15 mil millones de pesos para programas del Plan Nacional de Desarrollo. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tenía reservas por 4 mil 722 millones de pesos para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; 4 mil 308 millones para infraestructura por las reformas constitucionales en materia de justicia federal; 76.5 millones para mantenimiento de vivienda de magistrados y jueces y 69 millones para apoyos médicos complementarios. El fondo de pensiones adicionales para los mandos superiores de la Suprema Corte de la Nación (SCN) sumaba 832.8 millones de pesos y para los niveles medios y personal operativo, 2 mil 972 millones.
El CJF, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el sindicato de trabajadores del Poder Judicial respondieron con paros, marchas y prendieron fuego a monigotes con la imagen del presidente López Obrador. Envuelta en la bandera de la autonomía, la SCJ defendió privilegios; y el gremio, derechos supuestamente violados. Ciudadanos de distintas capitales apoyaron las protestas, como antes lo hicieron para solidarizarse con el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque ahora sin el mismo vigor y participación. Una de las razones es que al INE lo sienten suyo y al Poder Judicial ajeno y distante. Al final nada valió, pues imperó la decisión de la mayoría oficialista en el Congreso.
El repentino interés de los partidos de oposición y de otros sectores por la Corte se inscribe en la lucha por el poder, propia de toda democracia, como igual lo es el disenso entre instituciones. La guerra Israel-Hamás, nada menos, fue precedida por un conflicto político y social causado por la reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu, autorizada en julio pasado por el Knéset (Cámara de Diputados), donde el Partido Likud y sus aliados tienen mayoría. El plan provocó una ola de protestas por atar las manos al Tribunal para revertir las decisiones del Gobierno. El temor del Servicio de Inteligencia y Operaciones Especiales (Mosad), en el sentido de que limitar a la Corte pondría en riesgo la seguridad, se cumplió el 7 de octubre.
Una de las reformas pendientes del presidente López Obrador es, por cierto, la judicial, tendente a elegir a jueces, magistrados y ministros en las urnas y no en el Senado, como condición para erradicar vicios y abatir la impunidad. Sus críticos ven una trampa para apoderarse del Poder Judicial, tema discutible. La falta de tiempo y de mayoría calificada en el Congreso impidieron llevarla a cabo, pero la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido retomarla en caso de ganar la presidencia, lo cual es altamente probable.
