Para un país con la pobreza del nuestro, el avión presidencial era un insulto. «Ni Obama lo tiene», ironizaba Andrés Manuel López Obrador. Bautizado con el nombre de José María Morelos y Pavón, una de las piedras angulares de la guerra de independencia, el Boeing 878 sirvió de bandera para exhibir las extravagancias de los presidentes. El jet se compró en 2012 por 114 millones de dólares, pero en detalles y adecuaciones se gastaron otros 104.7 mdd, casi otro tanto del valor inicial. Peña lo estrenó cuatro años después, justo cuando su administración había entrado en barrena.
Después de mil intentos —incluida la farsa de una rifa— el Dreamliner se vendió finalmente al Gobierno de Tayikistán —antigua república soviética de Asia Central— en 92 millones de dólares, 22 mdd por debajo del precio original, sin incluir el equipamiento: suite presidencial, asientos de lujo, salones de reuniones, baños con acabados de mármol y pantallas panorámicas táctiles en cada butaca. AMLO no utilizó jamás la nave. Las giras de sus primeros años las hizo en vuelos comerciales. Otros jefes de Estado han prescindido también de los lujos. El colombiano Gusto Petro anunció, recién electo: «Todo avión que se compre para instituciones públicas (…), se vuelve a vender» (IMEF News, 22.06.22).
El compromiso 62, de los 100 asumidos por López Obrador, consistió en extinguir el Estado Mayor Presidencial (EMP) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). El primero era responsable de la seguridad del presidente, de su familia y de los secretarios de Estado, además de obtener información para el mandatario. El CISEN, cuyo antecedente fue la siniestra Dirección Federal de Seguridad, se dedicaba a espiar a críticos y enemigos del régimen, reales o imaginarios. De ser un cuerpo compacto en sus orígenes, el EMP contó al final con más 6 mil elementos, los cuales pasaron a la Secretaría de la Defensa Nacional. La desaparición de ese cuerpo de élite le ahorró al país más 12 mil millones de pesos en los seis últimos años, de acuerdo con AMLO (16.08.19).
Los presidentes vivían y despachaban en el Castillo de Chapultepec hasta que Lázaro Cárdenas decidió abrirlo al público como museo. En 1935 se mudó al rancho La Hormiga, cuyo nombre cambió por el de Los Pinos para darle formalidad. El general creó un ambiente austero, pero con el devenir la residencia oficial también se volvió imperial. López Obrador la transformó en Complejo Cultural Los Pinos, visitado por 2 millones de personas en promedio al año. AMLO permanecerá en Palacio Nacional hasta el 30 de septiembre, cuando concluya su Gobierno o incluso antes. Después se instalará con su esposa Beatriz en su rancho de Chiapas.
AMLO se retirará sin sueldo, pensión, personal de seguridad ni equipo de apoyo, pues desde su primer año de Gobierno los canceló para todos los expresidentes. En el sexenio anterior, sus predecesores recibieron 231.8 millones de pesos, distribuidos así: Felipe Calderón, 54.2 mdp; Vicente Fox, 48.9 mdp; Ernesto Zedillo, 37.8 mdp; Carlos Salinas de Gortari, 42.8 mdp; y Luis Echeverría, 44.1 mdp. A las viudas de Miguel de la Madrid y José López Portillo se les asignaron 2 y 1.6 millones de pesos anuales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (Infobae, 29.07.22). Zedillo y Salinas ya habían renunciado a la pensión. AMLO cobrará en septiembre su último sueldo: 128 mil 205 pesos (Nómina Transparente, Secretaría de la Función Pública). Los ministros de la Corte ganan 445 mil pesos mensuales cada uno entre sueldo aguinaldo y primas vacacionales (Manual de remuneraciones, Diario Oficial de la Federación 2023).
