En el siempre efervescente escenario del Congreso del Estado, un reciente altercado entre los diputados Gerardo Abraham Aguado (PAN) y José Alberto Hurtado (Morena) ha desatado una ola de comentarios, no solo por la evidente rivalidad política, sino por la irresponsabilidad de las acusaciones vertidas por el legislador panista. Lo que comenzó como un desplante infantil con un paraguas y crema bloqueadora, escaló rápidamente a señalamientos graves que, de no mediar pruebas, podrían configurar una difamación con serias consecuencias legales.
La escena que protagonizaron Aguado y Hurtado en plena sesión legislativa es digna de análisis. El ofrecimiento «amable» de un paraguas por parte del morenista, supuestamente para «recorrer colonias» y evitar «los rigores de la intemperie», fue respondido por Aguado con una serie de ataques personales y acusaciones infundadas. El panista no solo insinuó que Hurtado es un «maletero» de la senadora Cecilia Guadiana, aludiendo a un paraguas «igualito» al que ella usa, sino que fue mucho más allá, ligando a su compañero de bancada con el crimen organizado.
La perla de las declaraciones de Aguado llegó al especular, sin presentar prueba alguna, que el camión utilizado por Hurtado en su programa «Salud contigo» fue donado por el gobierno de Tamaulipas, y que esta donación se habría concretado gracias a las influencias de la senadora Guadiana y su novio, Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Lo más delicado es que Aguado remató sus afirmaciones al recordar que el gobernador tamaulipeco ha sido «acusado de huachicoleo, entre otros señalamientos».
Esta conexión, establecida de manera irresponsable y sin evidencia por el diputado panista, no solo busca deslegitimar el programa social de Hurtado, sino que directamente lo vincula, por extensión, a actividades delictivas. Tales afirmaciones, lanzadas en el calor del debate político y magnificadas por los medios, no solo dañan la imagen del legislador de Morena, sino que socavan la credibilidad de la institución parlamentaria en su conjunto.
Es crucial recordar que la arena política no puede ser un campo donde se disparen acusaciones sin fundamento. Analistas experimentados en la política coahuilense observan con preocupación cómo ciertos legisladores, a pesar de haber llegado a sus curules por coyunturas favorables para sus partidos –como la que vivió el PAN aprovechándose de la situación del PRI en su momento–, parecen olvidar la responsabilidad inherente al cargo.
La trayectoria de Aguado, quien, según sus propias palabras, «siempre ha sido un crítico del gobierno de la llamada ‘cuarta transformación’», no justifica la ligereza de sus palabras. Su pasado cargando «las maletas de Luis Fernando Salazar, Guillermo Anaya, Marcelo Torres Cofiño (pura fichita)» –como él mismo parece recordar con cierta ironía– no debería ser un salvoconducto para alejarse de los principios de doctrina del PAN, que, al menos en teoría, abogan por la probidad y el respeto.
Este incidente nos retrotrae a episodios lamentables en la historia legislativa de Coahuila, como el de hace seis legislaturas, cuando otro panista, sin conocimiento alguno de la materia, impulsó un punto de acuerdo que prohibió las corridas de toros en el estado. Es una muestra más de la sumisión y la falta de criterio independiente que algunos legisladores panistas han exhibido en el pasado, y que ahora se refleja en la actitud de Aguado.
La política debería ser un espacio para el debate de ideas y la construcción de acuerdos, no para la difamación y el ataque personal sin sustento. Las palabras del diputado Aguado no solo denigran la imagen del Congreso del Estado y demeritan el «honroso trabajo» que, según él, realizan en la LXIII Legislatura, sino que también podrían hacerlo objeto de una denuncia formal por difamación. La transparencia y la responsabilidad deben ser pilares fundamentales en el ejercicio legislativo, y este episodio dista mucho de cumplir con esos principios.
¿Considera que las acusaciones sin pruebas en el ámbito legislativo deberían tener mayores repercusiones legales para salvaguardar la integridad de la política?
