El expresidente Carlos Salinas de Gortari se declaró desempleado y sin pensión en su última aparición pública. Lo hizo el 4 de diciembre pasado en el podcast «La invención de América del Norte» de la revista Nexos. Salinas entregó el poder hace 30 años a Ernesto Zedillo, quien puso entre rejas a su hermano Raúl por el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de 1994, segundo en la jerarquía del PRI. También se le fincaron cargos por enriquecimiento ilícito. Después de 10 años en prisión, lo absolvió la justicia federal.
Salinas no puso un pie en el país ni formuló declaración alguna durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos que trascendiera. En el tercer año de su mandato, AMLO promovió una consulta popular para enjuiciar a sus antecesores —de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto— por delitos supuestamente cometidos durante sus gestiones. El resultado no fue vinculante, pues para serlo requería una participación del 40% y apenas rozó el 8%. El 97% de los votantes estuvo de acuerdo en encausar a los expresidentes como ocurre en otros países.
La presidenta Claudia Sheinbaum replicó a Salinas al día siguiente. «Muy desempleado, pero a poco lo han visto viajar en un vuelo comercial… digo, nada más para documentar lo que está ocurriendo». Para resolver el problema de la jubilación invitó a Salinas a solicitar la Pensión del Bienestar, si vive en México. En su caso no la obtendría, pues los expresidentes del PRI y el PAN radican fuera del país, excepto Vicente Fox, quien también ha reclamado el subsidio. López Obrador suprimió las pensiones vitalicias a los expresidentes antes de asumir el cargo. Los cambios a Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales, se publicaron el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.
En marzo de 2021 el Congreso eliminó también del presupuesto la partida secreta que permitía a los presidentes disponer de recursos sin control. El fondo se creó en la administración de Miguel Alemán para imprevistos. Sin embargo, devino «en una herramienta de opacidad y corrupción», acusó Ana Lilia Rivera (Morena), presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado (Infobae, 11.03.21). En el periodo 1983-1995, el cual comprendió las presidencias de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, se ejercieron 26 mil 500 millones de pesos en gastos no comprobados ni especificados.
Una conversación registrada en el buzón de un celular, Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes en el Gobierno de Felipe Calderón, brinda una pista: «(…) en caso de Salinas, se robó la mitad de la cuenta secreta. Sí hizo cosas (…) López Portillo destrozó al país y Salinas al final también». Carmen Aristegui difundió la grabación el 12 de febrero de 2009 en Noticias MVS. Un mes después, Téllez fue destituido y reemplazado por Francisco Molinar Horcasitas. En una entrevista posterior para el libro Transición, Aristegui pregunta a De la Madrid si la fortuna de Salinas —«que la tiene»— provenía de la partida secreta. El expresidente respondió: «Bueno, es una equivocación, siempre había existido una partida secreta para cubrir gastos políticos, pero se abusó».
La periodista retomó a Téllez: «¿Usted cree que se robó la mitad?». «Sí», contestó el exmandatario, quien en campaña advirtió: «Una sociedad que tolera, que permite la generalización de conductas inmorales o corruptas, es una sociedad que se debilita». Salinas estaba a su izquierda. En el sexenio del expresidente «desempleado» y sin pensión, la mitad de la partida secreta excedía los 8 mil millones de pesos.
