Decenas de miles de personas desfilaron el 6 de junio de 2017 en Saltillo, Torreón y otras ciudades del estado para repudiar al moreirato y demandar la anulación de las elecciones de gobernador por las irregularidades del proceso. La manifestación desembocó en la Plaza de Armas y frente al Palacio de Gobierno la multitud exigió justicia, respeto al voto y expresó su apoyo a los candidatos opositores Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena) y Javier Guerrero (independiente).
El 4 de diciembre, miles de ciudadanos volvieron a las calles, esta vez, para participar en la marcha convocada por el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la 4T. El funcionario aprovechó para ganar terreno en la carrera por la nominación de Morena a la gubernatura. Mejía dice ser «la única, inquebrantable, legítima, incorruptible y decidida oposición al moreirato. La única garantía de cambio. La única opción para poner fin a este oscuro periodo de nuestra historia».
En los cinco años y medio transcurridos entre ambas caminatas pasaron muchas cosas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de Miguel Riquelme, pese a las protestas ciudadanas y a las impugnaciones del PAN, Morena y PRD. «No existe un precedente en México, por lo menos en los últimos 15 años, donde un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se haya detenido al 70% del cómputo. (…) el PREP se detuvo porque el PRI necesitaba ganar tiempo, 72 horas para poder manipular los paquetes electorales; en concreto: abrir las urnas y modificar el contenido y hacer un fraude electoral», declaró Guillermo Anaya, candidato de Acción Nacional (Expansión, 09.06.17).
En Coahuila y Estado de México «hubieron (sic) un sinfín de violaciones, les llaman irregularidades, pero hay algo que es lo central, diría que es lo que demuestra que no hubieron elecciones limpias y libres, que fueron fraudulentas y que se violó la Constitución, de manera especial el principio de elecciones libres y auténticas como se establece en el artículo 41», acusó Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena. La líder perredista Alejandra Barrales instruyó a los representantes y comités estatales a participar en el proceso jurídico, ir al recuento de los votos y defender la voluntad ciudadana.
Las fuerzas políticas que en 2017 se movilizaron contra el «fraude electoral» y el clan Moreira —excepto Morena—, hoy están en vías de concretar una
alianza con el PRI para las elecciones de gobernador del año próximo. El punto es: ¿cuál será la respuesta de los votantes a una coalición impensable hasta hace poco? El bloque busca frenar a Morena sin ofrecer nada a cambio a la ciudadanía. El PRI no puede ganar solo; el PAN parece dispuesto a ser comparsa del partido que más lo ha perseguido a lo largo de su historia por posiciones que ha dejado de ganar en las urnas; y el PRD, en solitario, perdería el registro.
Mientras Mejía encabezaba la marcha y azuzaba a sus seguidores, el PRI elegía al consejo político estatal y a los comités seccionales. Los movimientos ocurren en vísperas de que Morena nombre al defensor de la 4T en el estado y virtual candidato a la gubernatura. Es la primera vez que el PRI irá a las casillas sin una ventaja clara con respecto a la segunda fuerza política. Hoy día, las encuestas muestran un virtual empate técnico entre los partidos del gobernador Riquelme (más el PAN y el PRD) y el del presidente López Obrador. Algo inédito.
