Líderes de oposición y cuadros del PRI, alejados del poder, conjeturan que el ciclo de esa formación política podría terminar en Coahuila, único estado donde gobiernan esas siglas desde 1929, cuando se fundó. La idea no debe gustarle al gobernador Manolo Jiménez, y empleará todos los medios a su alcance para evitar que la cábala se cumpla justo cuando el PRI llegue a los 100 años. ¿La calma que ahora vive el estado es presagio de tormenta? En el horizonte no hay barruntos, sino un control político del que nadie escapa. Mientras el gobernador de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano), cedió a las presiones de la cúpula patronal y de los diputados del PAN y el PRI para no aumentar el Impuesto Sobre Nóminas (INS) del 3 al 4 %, en Coahuila los empresarios aceptaron sin reparo una subida del 2 al 3 %.
El ISN se implantó en Coahuila en el Gobierno de Eliseo Mendoza Berrueto. La propuesta de invertir el ingreso en obras sociales y de infraestructura en los municipios que lo generaran convenció a la iniciativa privada de La Laguna y de otras regiones. Los fondos ingresarían a un fideicomiso, no a la Tesorería del Estado, y los proyectos serían aprobados por un comité integrado por autoridades, organismos empresariales y representantes de la sociedad. Las cámaras de Saltillo fueron las más reacias, pero al verse aisladas terminaron por aceptar el nuevo gravamen.
La influencia política de las élites económicas aumentó en la etapa neoliberal, particularmente en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En Coahuila se pronunció aún más a partir del «moreirato» e hizo a un lado la crítica. Si en el pasado denunciaba los abusos del poder, desde entonces fue su aliado. Frente a la megadeuda y otros excesos, como la sucesión de la gubernatura entre hermanos, guardó silencio. La elección controvertida de 2017 le dio más fuerza. Mientras decenas de miles de coahuilenses se movilizaban para pedir nuevas votaciones, la oligarquía se reunía en privado con Miguel Riquelme y le ofrecía su apoyo, como antes lo hizo con Humberto y Rubén Moreira.
Manolo Jiménez, quien alterna la política con la actividad privada, también tiene de su parte a la cúpula empresarial, la cual ocupa, desde hace varios sexenios, los primeros lugares en las ceremonias oficiales, antes asignados a líderes sociales. —El Gobierno no genera empleos, pero crea las condiciones para que existan. Quienes invierten y arriesgan son los empresarios —dijo el gobernador en el informe del alcalde Torreón, Román Cepeda. La IP, el Gobierno y el PRI estrecharon su alianza en estados como el nuestro tras elascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y la mantienen con Claudia Sheinbaum.
En términos de la relación grupos de interés-Gobierno, Coahuila también es una isla. A escala federal los primeros pierden influencia y el Estado se fortalece al retomar facultades de las cuales el neoliberalismo había abdicado. La política económica y social de la 4T mejoró el salario mínimo en términos reales —los gobiernos previos lo depreciaron— y contribuyó a rescatar de la pobreza a 13.4 millones de mexicanos. La presidenta Sheinbaum acaba de pactar con el sector empresarial y las centrales obreras reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas entre 2027 y 2030. El acuerdo cumplirá una demanda histórica de los trabajadores. Las islas son remansos, pero cuando hay tormenta son también las más expuestas.
