Existen posiciones que ningún estado quisiera ocupar. Ser uno con los niveles de deuda per cápita más altos del país; haber sido escenario de masacres impunes cuyo horror le dio la vuelta al mundo y ha dado lugar estudios, novelas, series de televisión y juicios en Estados Unidos; y ostentar el récord de huachicol decomisado (15 millones de litros). El último escándalo puso de nuevo a Coahuila en el ojo del huracán. El gobernador Manolo Jiménez declaró que el combustible no se extrajo de los ductos de Pemex en la entidad y que las 129 pipas de ferrocarril aseguradas en Saltillo y Ramos Arizpe tenían otro destino. La acusación de que la policía estatal protege el contrabando de hidrocarburos, también refutada, echó más leña a la hoguera. También reabrió expedientes políticos y judiciales potencialmente explosivos.
La megadeuda y los casos de exterminio en Allende y Piedras Negras ocurrieron durante el moreirato, pero sus efectos trascienden ese periodo y representan un estigma. El tema del huachicol tampoco es nuevo. Se agravó con la reforma energética aprobada por el PRI y el PAN en 2013 para permitir la importación libre de gasolina y diésel, y cuando la delincuencia organizada lo incluyó entre sus actividades más rentables. El problema lo dimensionan David Pérez y Helden de Paz en un reportaje de 2017 titulado «Los huachicoleros: cinco lecciones para Enrique Peña Nieto»: «De acuerdo con datos de Pemex, entre el 2000 y el 2016 se han identificado 24,282 tomas clandestinas de combustible en todo el país, a lo largo de una red de ductos cuya extensión es superior a los 17,000 kilómetros; es decir, una toma por cada 1.4 kilómetros» (Nexos, 15.05.17).
Los periodistas advierten que «el delito parece ser un fenómeno reciente que, si bien ha ido en aumento año con año desde mediados de los 2000, ha alcanzado niveles históricos en esta administración (de Peña Nieto)». Comparan lo ocurrido antes y después de 2012, «cuando Peña Nieto tomó posesión. Un año después de esto, ya para 2013, había 2,612 tomas clandestinas; en 2014 la cifra había aumentado a 3,635; y para 2016 ya escalaban los 6,873 casos». Pieza clave de la trama es el general Eduardo León Trauwitz, quien se encuentra prófugo de la justicia. Peña Nieto lo puso al frente de la Salvaguardia Estratégica de Pemex. La iglesia, otra vez, en manos de Lutero. Espacio 4 publicó un texto de Édgar London en el cual se compara a Trauwitz con Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, por su participación en delitos que, en teoría, deberían combatir.
Las pérdidas por huachicol en el sexenio de Peña Nieto rebasaron los 10 mil millones de dólares (mmd); y en el de Andrés Manuel López Obrador, 7,650 mmd (Francisco Barnés de Castro). La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado el problema en serio y asegura que las investigaciones abarcarán todos los niveles de Gobierno. Ninguna autoridad estatal puede pasar por alto la advertencia. Los gobernadores deben estar atentos a lo que sucede en sus municipios y al comportamiento de sus colaboradores para apretar clavijas donde sea necesario. Así evitarán sorpresas desagradables. También es preciso escuchar los señalamientos que involucran a las policías locales, así procedan de criminales y oportunistas. Máxime si hay denuncias con sustento. Siempre será preferible pecar de desconfiado que poner las manos en el fuego por cualquier tipo de fauna, sea felina o primate.
