Cuando el PRI perdió por primera vez la presidencia, en el año 2000, aún representaba la primera fuerza política del país y de los estados. Su candidato, Francisco Labastida, había sido gobernador del territorio donde se incubó uno de los cárteles de la droga más poderosos y violentos de la historia: el de Sinaloa. Las elecciones las ganó el exgobernador de Guanajuato, Vicente Fox, cuyo partido, el PAN, estaba entonces al frente de un puñado de entidades. Dieciocho años después, Andrés Manuel López Obrador, quien había ocupado la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, se haría con «la silla del águila» sin que su partido, Morena, tuviera un solo gobernador.
La alternancia política de 2000, que tantas esperanzas generó entre los mexicanos, paradójicamente produjo también una regresión política caracterizada por presidentes débiles y condicionados, y gobernadores fuertes y sin contrapesos. Esto se debió a que, después de 70 años de hegemonía del PRI, el sistema no estaba preparado para funcionar eficazmente con Gobiernos divididos. La falta de mayoría en el Congreso de la Unión, aunada a la impericia y frivolidad de Vicente Fox, tornó en frustración el cambio esperado por millones de votantes que depositaron su confianza en el PAN. No solo eso: la corrupción y la impunidad, que la derecha había prometido atacar de raíz, hallaron cauces más anchurosos.
En ese contexto, ¿qué explica el contraste de la relación de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador con los gobernadores que actuaban como virreyes? Los dos primeros llegaron al poder federal sin tener el control de la mayoría de los estados y con bancadas minoritarias en el Congreso, lo que fragmentó el poder. Fox arribó a la presidencia con una alta legitimidad, pero dilapidó ese capital político con retóricas y frivolidades. Impugnado tras la elección de 2006 por un presunto fraude, Calderón tuvo que ceder recursos y poder a los gobernadores del PRI para dar estabilidad a su mandato.
Enrique Peña Nieto trepó a la silla aupado por los gobernadores de su partido, que financiaron con recursos públicos parte de su campaña, pero impugnado por la compra masiva de votos y un gasto que volvió inequitativas las elecciones de 2012. En esa tesitura, Peña abrió la cartera a los mandatarios locales y a las cúpulas partidistas para sacar adelante reformas estructurales, como la energética, que debilitaron aún más al Estado y beneficiaron a corporaciones nacionales y extranjeras. La corrupción generalizada que el peñismo solapó terminó por dinamitar el viejo sistema.
Felipe Calderón, a diferencia del guanajuatense Vicente Fox, llegó a la presidencia deslegitimado por su triunfo pírrico sobre López Obrador, un resultado que la oposición desconoció. Esa circunstancia fortaleció aún más a los gobernadores del PRI, los cuales se convirtieron «de facto» en jefes de las bancadas de su partido en el Congreso y en la Cámara de Senadores. La influencia política de los mandatarios locales les permitió no solo doblegar al Gobierno federal, sino preparar el retorno del PRI a la presidencia con el peor candidato: Peña Nieto, cuyo paso por la gubernatura de Estado de México anticipaba cómo le iría al país en su sexenio.
