Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas amplían su red de albergues pero advierten de los obstáculos económicos y de infraestructura que enfrentan
La amenaza de Donald Trump de deportar a 11 millones de personas indocumentadas de Estados Unidos ha hecho saltar las alarmas del Gobierno mexicano y en concreto de los Estados del norte del país. Varias ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo o Reynosa resienten esa presión y trabajan a marchas forzadas desde hace semanas para ampliar su red de albergues con la que atender a los migrantes deportados. Sin embargo, los Estados del norte advierten de los obstáculos que enfrentan y han hecho un llamado al Gobierno de Claudia Sheinbaum para trabajar de manera conjunta.
La presidenta se reunió este lunes con su gabinete al completo para coordinar las acciones logísticas y legales que se llevarán a cabo en la frontera. Así mismo ha pedido a los gobernadores de los Estados y los cónsules en el país vecino que redoblen sus esfuerzos para dar apoyo a los mexicanos afectados por las deportaciones. “Estamos preparados para atender a nuestros connacionales con independencia de su estatus migratorio y en donde se encuentren”, señaló el secretario de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, desde la frontera de Sonora.
