El gobernador que más obra realizó en Saltillo —después de Óscar Flores Tapia— fue Humberto Moreira, con una diferencia: el primero lo hizo con un presupuesto modesto y sin hipotecar al estado. A Flores Tapia se le recuerda por haber transformado la capital y detonado el boom industrial. La imagen de Moreira la sepultó la megadeuda, no obstante la inversión en infraestructura y equipamiento urbano. El apellido fue vapuleado por tirios y troyanos en los debates de los candidatos a la gubernatura. Frente a las acusaciones de corrupción, nepotismo y enriquecimiento, ni por asomo se defendió a Humberto y Rubén Moreira. La marca es un estigma y un lastre para el PRI.
El candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, mira hacia el futuro: «Pa’ delante», pero la sombra del moreirato no lo deja a sol ni a sombra. Armando Guadiana (Morena), Ricardo Mejía (PT) y Evaristo Lenin Pérez (Verde-UDC) ofrecen investigar la deuda en vez de pasar página. Los coahuilenses han pagado 40 mil millones de pesos en 12 años por un pasivo equivalente y aún se deben 38 mil millones. El moreirazo también está adelante, pues, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, terminará de amortizarse en los próximos 24 años. Es decir, dentro de cuatro gobiernos.
Los candidatos de oposición lanzaron un «basta ya» en los debates a los banqueros —«corruptos», los llamó Mejía— por haber hecho la vista gorda al conceder créditos avalados con decretos falsos. Los bancos, algunos de ellos vinculados al grupo político del expresidente Peña Nieto, figuran entre los principales beneficiarios. Además de los políticos y autoridades que urdieron la deuda para enriquecerse con la complicidad del Congreso. Jiménez niega haber aprobado el moreirazo, como asegura Mejía.
Jiménez, ciertamente, no formó parte de la LVIII legislatura, la cual debió autorizar la deuda, pero fue ignorada. A los diputados del PRI solo se les tomó en cuenta para legalizar los pasivos contratados de manera irregular. Rubén Moreira renegoció el débito dos veces con el visto bueno de su bancada. Los legisladores nunca movieron un dedo para investigar el desvío de recursos; al contrario, bloquearon toda iniciativa. El Sistema Estatal Anticorrupción, controlado por satélites de los Moreira, es tapadera del clan, acusa el candidato del PT.
En los debates organizados por el Instituto Electoral de Coahuila y la Coparmex, así como en la conversación pública, todos los caminos conducen a la deuda. Imposible evadir el tema mientras permanezca impune y el estado dedique hasta el 10% de su presupuesto al pago de intereses. El eascándalo estalló a mediados de 2011, poco antes de que Rubén Moreira fuera impuesto en la gubernatura. Entonces se supo que Banorte e Interacciones, de la familia Hank Rhon, habían otorgado más del 50% de los créditos. Un trabajo periodístico reveló que el entonces secretario del Sistema de Administración Tributaria del Estado, Javier Villarreal, recibió más de medio millón de pesos diarios en efectivo durante tres meses («Investigan a Banorte e Interacciones por coahuilazo», Contra Línea, 29.11.11).
Coahuila pierde recursos ingentes por la deuda, lo cual le impide afrontar la demanda de infraestructura, obras y servicios de una sociedad y una economía en crecimiento constante. El caso tuvo poco impacto en las elecciones de 2011, pues aún no se dimensionaba la magnitud del quebranto. Sin embargo, seis años después, estuvo a punto de hacerle perder al PRI la gubernatura. La megadeuda es una de las principales banderas de candidatos antioficialistas. Mientras no haya justicia, los abusos del poder siempre serán la espada de Damocles.
