GERARDO HERNÁNDEZ G.
¿Sucesión adelantada o sucesión pactada? Proyecto transexenal llegaría a 24 años
CONTINUISMO POLÍTICO
Los cambios en el gabinete estatal de las últimas semanas responden a la urgencia de reforzar las alianzas, evitar deserciones y sumar lealtades. Todo con el fin de asegurarle al PRI un resultado favorable en las elecciones de gobernador de 2023. Procedentes de grupos políticos distintos, Francisco Saracho, Manolo Jiménez y Claudio Bres, secretarios de Educación, Desarrollo Social y Economía, respectivamente, han sido diputados y alcaldes (el tercero incluso por Morena). El nuevo consejero jurídico del Gobierno del Estado, Valeriano Valdés, fue presidente del Tribunal Electoral que en 2017 ratificó el
triunfo de Miguel Riquelme después de haber sido impugnado por el PAN y Morena. En la misma línea está el exalcalde panista de Monclova, Alfredo Paredes. Su tarea consiste en preparar la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) para enfrentar a la aplanadora guinda.
Luego de estar a un tris de perder la gubernatura, y de lidiar, en la primera mitad de su Gobierno, con un Congreso de mayoría opositora, aunque sumiso al poder, Riquelme ajustó el aparato electoral: pactó con el PAN, con algunos sectores de Morena y con otros partidos; cedió posiciones al sector privado y reconstruyó los puentes dinamitados por su predecesor. Los resultados se observaron en las si- guientes elecciones: en 2018, el PRI ganó la mayoría de las diputaciones federales; en 2019, se hizo con los 16 distritos y recuperó el mando de la Legislatura; y en 2021, recuperó las alcaldías de Torreón y Piedras Negras donde Bres quiso reelegirse bajo las siglas de Morena.
Riquelme pudo superar la crisis pose- lectoral de 2017, asumir el control político y manejar al día de hoy la sucesión sin sobresaltos a la concurrencia de otros facto- res: 1) el vacío mediático en temas sensibles para la población como la megadedua, las masacres en Allende y Piedras Negras, las desapariciones forzadas y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los Gobiernos precedentes; 2) los acuerdos con los poderes fácticos; 3) la renuncia de los partidos a ser oposición; 4) la apatía y desarticulación ciudadana para exigir castigo por los atracos impunes del moreirato; y 5) la falta de liderazgo de Morena y su ausencia de la arena política estatal.
Igual que Humberto y Rubén Moreira, Riquelme le ha dado patente de corso a su delfín, pero, a diferencia de aquellos, tiene otras piezas hábiles en su tablero. No es la primera sucesión adelantada, pero puede ser la tercera pactada para imprimirle continuismo al moreirato. En tal caso, estaríamos frente a un Gobierno transexenal —de 24 años— cuyo enlace es la deuda y el interés de mantenerla cerrada a cualquier investigación capaz de romper el cerco de impunidad formado por el Congreso, el Sistema Estatal An- ticorrupción y la Fiscalía General del Estado. El relevo gubernamental de 2023 se apega al mismo guion de los anteriores: señalar con antelación al favorito y alinear a todas las fuerzas en esa dirección.
Sin embargo, no es lo mismo enfrentar a un partido anquilosado como el PAN, que a uno en crecimiento. En las elecciones federales de 2021, el PRI obtuvo 514 mil 291 votos en Coahuila, y Acción Nacional 189 mil 229. Morena y sus aliados (PT y Verde) rozaron los 490 mil. La diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de apenas 27 mil papeletas. El PAN está hoy más lejos que nunca de la gubernatura; pero el PRI, sin el voto azul, corre peligro. El salvavidas es la coalición PRI-PAN-PRD. La preocupación del gobernador es Morena. Si los diputados del PRI apoyan la reforma energética del presidente López Obrador, como se anticipa, el costo se pagará en las urnas.
COMPAÑEROS DE VIAJE
La Laguna tardó más de 50 años en colocar a uno de los suyos en la gubernatura. ¿Saltillo la recuperará en un sexenio? En 1969, la sucesión se resolvió por Eulalio Gutiérrez Treviño, quien había sido alcalde de la capital. El gobernador Braulio Fernández Aguirre no podía nombrar sucesor, pues la facultad de nombrar candidato le correspondía al presidente. Hoy, sin esa atadura, Miguel Riquelme —como antes los Moreira— es el gran elector. Si se decide por Manolo Jiménez, Saltillo habrá demostrado su predominio sobre el resto del estado. El secretario de Desarrollo Social es una figura relativamente nueva, pero se formó en el PRI del siglo pasado.
Jiménez recibió sus primeras oportunidades políticas (presidente del PRI y diputado local) en el sexenio de Rubén Moreira, cuyos operadores electorales son los mismos. El ascenso de Jericó Abramo Masso, su rival saltillense por la candidatura, lo impulsó Humberto Moreira. Rubén ha obstaculizado a Jericó incluso con amenazas, como lo hizo con Ivonne
Ortega (Espacio 4, 684). Abramo ya cubrió la cuota de sacrificios y no hará fila para una sucesión futura. Quiere ser candidato, ya. La carrera es dispareja. Jiménez compite en cobertura mediática incluso con el gobernador Riquelme.
Jericó no se ha cruzado de brazos. Tiene una red de relaciones en México y sus actividades de campo y en la Cámara de Diputados las hace llegar a legiones a través de las redes sociales. El exalcalde de Saltillo ha intensificado sus contactos con funcionarios de la administración del presidente López Obrador. En menos de una semana se reunió con los subsecretarios de Comunicaciones, Jorge Nuño, y de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, lagunero avecindado en Ciudad de México y Guerrero. Abramo promovió también un punto de acuerdo contra el alza de tarifas en las carreteras de peaje de Coahuila, superior a la inflación. El resto de los diputados del PRI disfrutan de la sinecura.
La carrera de Miguel Riquelme se forjó en Torreón (fue cajero y recaudador de Rentas en Matamoros). La alcaldía le sirvió de trampolín para la gubernatura. Antes de ocupar las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Social, en la administración de Rubén Moreira, su relación con Saltillo era nula. Decantarse por un capitalino para sucederle equivaldría a darle la espalda a quienes le apoyaron en sus inicios, pero sobre todo en sus fracasos. Uno de ellos es Eduardo Olmos, quien, después de tres años en la banca, fue llamado para ocupar la presi- dencia de la Junta de Gobierno del Congreso local. Miguel Mery, cabeza del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es otro de sus compañeros de batalla.
Román Alberto Cepeda aspiró a la gubernatura en 2017. Entonces disciplinó, pero hoy, como alcalde de Torreón, no dará su brazo a torcer. José María Fraustro, presidente de Saltillo, y Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, están en la misma tesitura. ¿Qué explica la preferencia por Jiménez? La pregunta remite a la tesis de una sucesión pactada, pero no ganada. La suerte le funcionó a los Moreira, pero repetirla es demasiado riesgoso. La oposición de Jericó Abramo ha modificado el escenario. Morena está concentrado en los seis estados donde habrá elecciones para gobernador este año. Después de junio prestará más atención a Coahuila, y una vez que desvele el nombre de su candidato empezará a mover su maquinaria, la cual le ha permitido hacerse con más gubernaturas que los demás partidos juntos. E4
