La ola privatizadora iniciada por Carlos Salinas de Gortari recibió un nuevo impulso en el Gobierno de Ernesto Zedillo, su sucesor, antítesis moral y siamés neoliberal. El segundo embate terminó de desmantelar la infraestructura creada por los Gobiernos emanados de la Revolución en más de siete décadas, propiedad del Estado, en favor de inversionistas nacionales y extranjeros. Zedillo utilizó la misma fórmula salinista: adaptó la Constitución social de 1917 al modelo capitalista depredador mediante una batería de reformas aprobadas sin chistar por el PRI y el PAN. El PRD fue el único que opuso resistencia.
La privatización del sistema ferroviario, entonces concentrado en Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), fue la mayor del Gobierno zedillista. La empresa se fragmentó y se puso en manos de corporaciones internacionales y del país hasta por 50 años. El servicio de transporte de pasajeros se canceló y la red se dedicó solo al traslado de productos. El Ferrocarril del Noreste se concesionó a la estadounidense Kansas City Southern, la cual se convirtió más tarde en Canadian Pacific Kansas City.
Triturados Basálticos (Tribasa), constructora vinculada a Raúl Salinas de Gortari —hermano del expresidente—, tomó el control del Ferrocarril del Sureste; luego lo cedió a Carlos Slim y cambió de nombre a Ferrosur. Union Pacific se asoció con Grupo México (propietario de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, cuando ocurrió la explosión que mató a 65 obreros en 2006) e Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para comprar el Ferrocarril Pacífico-Norte, desde entonces Ferromex. Concluido su sexenio, Zedillo se incorporó al consejo de administración de Union Pacific; también fue consejero y accionista de Citigroup (que en 2001 adquirió el Banco Nacional de México) y de las transnacionales Procter & Gamble y Alcoa, donde obtuvo ingresos importantes.
En un país donde la Revolución se hizo a lomo de tren y la mujer desempeñó un papel central, como lo muestra la fotografía «Soldaderas en el estribo de un vagón», de Jerónimo Hernández (1912), el ferrocarril posee una enorme carga simbólica. Y es justamente el Gobierno de una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, como parte del segundo piso de la 4T que se comprometió construir, desarrolla nuevos proyectos ferroviarios de pasaje y carga para cubrir las rutas Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
La sed neoliberal también secó los aeropuertos. En la administración de Zedillo, la mayoría de las terminales aéreas del país se transfirió a tres grupos privados: el Aeroportuario del Pacífico (GAP), el Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y el Aeroportuario del Sureste (ASUR). Los tres cotizan en las Bolsas de México y Estados Unidos; los tenedores de títulos son, en su mayoría, personas físicas o morales y fondos globales. Zedillo privatizó, asimismo, el Sistema Satelital Mexicano y los puertos de Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Tampico. En el sector energético, el almacenamiento, transporte y distribución de gas natural se abrió al capital privado. Algunas privatizaciones tuvieron efectos positivos para el país, pero, en general, beneficiaron más al gran capital. Para la derecha, el dinero dirigido a las élites es «salvamento»; y los recursos destinados a los programas sociales, que en los ocho últimos años han rescatado de la pobreza a más de 17 millones de personas, son «limosnas».
