De los 60 mil 243 millones de pesos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en difusión, el 21 % (12 mil 961 mdp) se ejerció en 2018. El 48 % del monto total se concentró en 10 medios de comunicación, y el 52 % restante en 850. Las válvulas se abrieron hasta el tope porque ese año había elecciones generales, lo cual no obstó para que el binomio PRI-PAN perdiera la presidencia y el Congreso de la Unión. Empero, la animadversión social, también dirigida a los grandes medios de comunicación por acompañar lo que Artículo 19 denomina «la cultura del engaño», superó por mucho al aparato propagandístico oficial.
El gasto de 2018 se cubrió bajo el paraguas de La Ley de Comunicación Social, conocida como «Ley Chayote», que la mayoría del PRI y el PAN aprobó ese mismo año en el Congreso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la norma en 2021 por considerar que los márgenes de discrecionalidad del Gobierno en la contratación de publicidad eran excesivos. En el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las erogaciones por ese concepto bajaron bruscamente a 4 mil 243 millones de pesos, una reducción del 62 % con respecto a 2018.
La tendencia se mantuvo en los siguientes años e incluso en algunos periodos se ejercieron menos recursos de los aprobados. En 2022 el gasto ascendió a 2 mil 432 millones de pesos, 24 % por debajo del límite, pero el presupuesto siguió concentrado en un puñado de empresas. El Centro de Análisis e Investigación Fundar advirtió que los subejercicios en el rubro de publicidad oficial «pueden tener impactos negativos, pues se limita la capacidad de los medios de comunicación para acceder a dinero que les permita mantener su operación y brindar información relevante y diversa a la sociedad».
En su informe de 2023, Fundar insiste en los riesgos de concentrar la publicidad gubernamental en pocas compañías, pues «afecta directamente la pluralidad de la información y la libertad de expresión». El año previo, la propaganda se había canalizado a 450 medios; de ellos, 10 recibieron el 52.8 % (mil 283 millones de pesos) y el 47.12 % restante (mil 145 mdp) se dividió en 440. Esa diferencia marcada —dice Fundar— «limita la diversidad de voces y puntos de vista que se promueven en el panorama informativo del país».
Televisa y TV Azteca —uno de los críticos acérrimos de la 4T— dejaron de recibir los mismos ingresos que en el Gobierno peñista, pero con López Obrador también fueron los que más publicidad captaron, de acuerdo con Fundar. En el caso de la prensa escrita, El Universal, que entre 2013 y 2018 facturó aproximadamente mil 450 millones de pesos, en el sexenio de AMLO cobró menos del 10 % de esa suma. Por su parte, La Jornada —el diario más afín al movimiento obradorista— triplicó sus ingresos.
El Gobierno federal destinó a los medios de comunicación 18 mil 282 millones de pesos durante la administración de AMLO, 70 % menos que en la gestión de Peña Nieto. La presidenta Claudia Sheinbaum adoptó la misma «austeridad republicana». Artículo 19 y otras organizaciones ponen énfasis en el ahorro, pero observan que el gasto se ejerce con la misma opacidad y discrecionalidad que en el pasado y entre unas cuantas empresas. «En un país cada vez más polarizado, donde la desinformación crece, las autoridades deben apegarse a los más altos estándares de libertad de expresión y derecho a la información y conducirse con transparencia y equidad», advierte Fundar.
