En un reciente artículo de opinión, Víctor Manuel Sánchez Valdés aborda el preocupante estado del sistema penitenciario en México, señalando la confesión implícita de las autoridades sobre su incapacidad para mantener el control de las prisiones federales. El detonante de este análisis fue la justificación de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al entregar a 26 narcotraficantes a Estados Unidos. Harfuch admitió que estos criminales continuaban delinquiendo incluso desde su reclusión, lo que, según el autor, equivale a una rendición ante el problema y una revelación devastadora para el gobierno mexicano.
El autor plantea que esta acción de extradición demuestra una falta de control gubernamental, cuestionando por qué México no puede asegurar que los criminales no sigan operando desde la cárcel. Sánchez Valdés propone tres hipótesis principales para explicar esta situación: la primera es la corrupción sistémica de los funcionarios penitenciarios, quienes, por sobornos o miedo, se subordinan a los narcotraficantes. La segunda es una incapacidad operativa, resultante de la combinación de personal sin la calificación adecuada, recursos insuficientes y procesos ineficaces que impiden un funcionamiento óptimo de los centros penitenciarios. La tercera hipótesis es la ausencia de un marco legal que permita aislar a los criminales más peligrosos, a diferencia de las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos.
Víctor Manuel Sánchez Valdés sostiene que cualquiera de estas tres explicaciones es inaceptable y genera más preguntas sobre la inacción del gobierno para combatir la corrupción, invertir en el sistema penitenciario y actualizar las leyes. El autor concluye que la revelación de García Harfuch debería servir como catalizador para un «programa nacional de fortalecimiento de las prisiones en México». Este programa debería enfocarse en cinco objetivos cruciales: primero, erradicar el autogobierno dentro de las cárceles para que las autoridades retomen el control total. Segundo, establecer protocolos más rigurosos para restringir el contacto de los capos con el exterior sin vulnerar sus derechos humanos. Tercero, implementar controles más estrictos para detectar y erradicar la corrupción entre los guardias y funcionarios. Cuarto, reducir la sobrepoblación en las prisiones, una causa común de motines y conflictos. Finalmente, se debe mejorar las instalaciones, los sistemas de seguridad, el equipamiento y la capacitación del personal para profesionalizar el sistema y evitar que las prisiones sigan siendo centros de operación del crimen organizado.
Autor: Víctor Manuel Sánchez Valdés es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.
