América Latina -con excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica- sacó una vez más malas notas en el índice mundial de corrupción dado a conocer este martes por Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional presentó su índice de percepción de corrupción 2022. Parafraseando al célebre Gabriel García Márquez, podría hablarse de la “crónica de una mala noticia anunciada”. Una vez más, el continente latinoamericano presentó niveles altos de percepción de corrupción.
El instrumento clasifica 180 países y territorios según las percepciones de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, en la que cero equivale a «muy corrupto» y 100, a una muy baja corrupción.
El promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.
DW entrevistó de manera exclusiva a la presidenta de la organización, Delia Ferreira Rubio, quien, desde su estudio en la Ciudad de Buenos Aires, analizó causas, consecuencias y perspectivas del fenómeno en Latinoamérica.
DW: ¿Cuál es el balance principal que deja este nuevo índice para América Latina?
Delia Ferreira Rubio: Una asignatura pendiente, reiteradamente pendiente. Si uno analiza Latinoamérica, con excepción de Chile y Uruguay, y en menor medida Costa Rica, estamos muy por debajo del promedio global. La mayoría de los países están por debajo de los 40 puntos, y en una escala de 100, estar ahí es, claramente, un problema.
Es el caso de Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, México, Paraguay y Honduras. O sea, en Latinoamérica estamos mal. Y muchos países están en una situación de estancamiento.
Corrupción es una palabra que, de tan usada, puede hasta perder su contundencia en el significado, pero ustedes sostienen que va asociada a un terreno fértil para el crimen organizado y el abuso a los derechos humanos.
Así es. A la corrupción se le suma, en algunos países, el crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Con lo cual, el índice de violencia en la región aumenta. Algunos países directamente viven una captura del Estado. En el caso de Venezuela o de Nicaragua, son estructuras de crimen organizado que están enquistadas en el Estado.
Pero, además, la corrupción no solo implica beneficios económicos o políticos. Muchas veces en nuestros países tenemos casos de corrupción en los que la moneda de cambio -y esto afecta particularmente a las mujeres y a las niñas más jóvenes- es un acto de sexual.
¿En este sentido, cuáles son las salidas a la corrupción?
Las salidas son múltiples. Hay cosas que las puede hacer el Estado, con buenas leyes, que se apliquen, con organismos de control que sean independientes. Pero el sector privado también tiene una responsabilidad muy alta, que es no participar en la corrupción y no incentivarla: la corrupción no puede ser un mecanismo para hacer negocio. Y la sociedad tiene que dejar de ser indiferente, y dejar de votar a los corruptos.
¿Cree que existe voluntad de cambio?
Ese es precisamente el problema que tenemos. Pero si nos quedamos callados, no solo no vamos a poder luchar contra la corrupción, sino que el terreno que nos da garantías mínimas, también va a seguir deteriorándose.
El mensaje tiene que ser claro: la corrupción está en la base de todos nuestros fracasos como sociedad, y de nuestras crisis: desde la deforestación del Amazonas, hasta la guerra en Ucrania.
