La Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) en México concluyó este jueves que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 «constituyó un crimen de Estado» y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida.
Estas conclusiones preliminares fueron presentadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El informe estableció que en el crimen «concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».
La publicación del informe tuvo la primera consecuencia este viernes con la detención en México del exfiscal de la República Jesús Murillo Karam «por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa».
Además, la Fiscalía anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
El reporte está basado en más de 41.000 documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos de torturas de detenidos del caso.
Los estudiantes desaparecieron en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el sur del país.
Las circunstancias que han rodeado al caso desde entonces, en medio de acusaciones de corrupción e impunidad, vínculos al narcotráfico y distintas versiones de lo ocurrido, han hecho que se trate de uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México.
La noche de la desaparición
Los 43 desaparecidos formaban parte de un grupo más grande de jóvenes de 17 a 25 años que estudiaban en la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa.
El 26 de septiembre de 2014, decenas de compañeros habían ido a la ciudad cercana de Iguala para luego participar en una manifestación.
Cuando regresaban al final del día, fueron confrontados en Iguala por la policía municipal, que abrió fuego en un ataque coordinado contra varios de los cinco autobuses en que viajaban.
En el tiroteo murieron dos estudiantes y un tercero apareció en la escena el día siguiente con signos de tortura.
La policía detuvo esa noche a decenas de estudiantes y algunos fueron liberados después. Sin embargo, no se volvió a saber nada más de un grupo de 43 jóvenes.
Desde entonces, su paradero se convirtió en uno de los escándalos más recientes en la violenta historia de México, con múltiples versiones sobre lo ocurrido e indignación nacional e internacional ante acusaciones de impunidad y corrupción.
