Japón es uno de los últimos países, junto con Noruega e Islandia, en cazar ballenas con fines comerciales. La detención en verano del activista Paul Watson, que planeaba interceptar un nuevo ballenero japonés, puso de manifiesto una laguna en la legislación internacional relativa a esta práctica, prohibida desde 1986. Fue liberado el 17 de diciembre.
Práctica controvertida y prohibida
La caza comercial de ballenas está prohibida desde 1986, cuando entró en vigor una moratoria internacional decretada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Noruega e Islandia se oponen a la moratoria y siguen cazando cetáceos. Japón, por su parte, lleva mucho tiempo eludiendo la moratoria al seguir pescando bajo el pretexto de la «investigación científica».
Pero en 2014, la Corte Internacional de Justicia lo condenó por su caza de ballenas en el Antártico. «El Tribunal dictaminó que Japón encubría una caza comercial bajo pretextos científicos porque no se cumplían los criterios de la investigación científica», recuerda Laurence Boisson de Chazournes, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra, que actuó como consejera y abogada durante el caso.
Tras esta sentencia vinculante, Japón renunció a sus campañas en el Antártico. Pero en 2019 decidió abandonar la Comisión Ballenera Internacional y relanzar oficialmente la caza comercial de ballenas en sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva. «Fue una decisión drástica y sorprendente, que curiosamente causó poco revuelo en la comunidad internacional», afirma Laurence Boisson de Chazournes, desde Ginebra y que también ha trabajado para el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Parece poco probable que Japón extienda su caza de ballenas a aguas internacionales, en cuyo caso sería difícil prever acciones legales. Señala que Noruega es actualmente el mayor ballenero del mundo, matando unos 500 cetáceos al año, frente a los cerca de 300 de Japón. En 2022, Islandia había cazado 148 rorcuales comunes, frente a los 59 previstos por Japón para 2024.
