La Organización de Estados Americanos (OEA) y la carabina de Ambrosio son la misma cosa. En 2017, casi en el límite para que el TEPJF resolviera si anulaba o la validaba las elecciones de gobernador, los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero (independiente) y José Ángel Pérez (PT) denunciaron ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el supuesto fraude en Coahuila cometido con la aquiescencia del Instituto Electoral del Estado. Sabían de antemano que el organismo se cruzaría de brazos, pero el viaje a Washington tenía otro propósito: aumentar la presión al Gobierno federal y a las autoridades electorales.
El diplomático uruguayo informó en un tuit de su diálogo «con políticos mexicanos (…) quienes profundizaron denuncias respecto a la elección en Coahuila. Daremos seguimiento y esperamos un veredicto ajustado a derecho». Después hizo mutis. Almagro no se ha distinguido por defender la democracia. Su apoyo a las presidentas interinas de Bolivia y Perú, Jeanine Áñez (sentenciada a 10 años de prisión por «incumplimiento de deberes» y «resoluciones contrarias a la Constitución»), y Dina Boluarte, acusadas de golpistas, debilitaron aún más a la OEA y agravaron los conflictos políticos y sociales en ambos países. Las protestas fueron reprimidas. En Perú se han registrado 60 muertes.
El 23 de noviembre de 2017, un día después de la entrevista con Almagro, los excandidatos, integrados en el Frente por un Coahuila Digno, intentaron reunirse con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero no fueron recibidos. Enseguida visitaron el campamento de Reyes Flores, quien se había declarado en huelga de hambre frente al Tribunal para exigir la anulación de los comicios. Activistas de Saltillo, Torreón, Monclova y Parras se unieron al plantón. «El fraude electoral (fue) orquestado por los hermanos Moreira para evitar ir a la cárcel por 12 años de desvíos de recursos y vinculación con el crimen organizado», acusó el Frente en un comunicado (Aristegui Noticias, 23.11.17).
Al mismo tiempo, el gobernador Rubén Moreira y la cúpula del PRI intensificaban el cabildeo en el TEPJF. Enrique Ochoa, líder del partido tricolor, Miguel Riquelme y sus asesores entraban y salían del Tribunal sin cantar victoria. Coahuila estaba sobre ascuas. Anular las elecciones implicaba nombrar un gobernador interino y convocar nuevas votaciones. El «moreirato» se tambaleaba y las luces de la alternancia permanecían encendidas.
En ese contexto, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó el estudio Control… sobre todo el estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas. «Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto Moreira y a Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila respectivamente, (…) a cambio del control total del estado», dice el informe.
El panorama se despejó el 24 de noviembre, una semana antes del cambio de poder, cuando el TEPJF validó el resultado y la entrega de la constancia de mayoría a Riquelme. Los magistrados ignoraron el elefante en la habitación. Para determinar «la nulidad de una elección, las pruebas presentadas deben acreditar, más allá de cualquier duda, la existencia de irregularidades graves, generalizadas y que hubieran tenido un impacto real y tangible en el resultado de los comicios. En este sentido (…) el Tribunal Electoral juzga siempre y exclusivamente con base en razones de Derecho y a partir de las pruebas y de las reglas establecidas por la Constitución y por la ley, no con base en juicios mediáticos, expectativas de las partes o presiones de algún tipo», dice la resolución.
