El PAN gobierna Guanajuato desde 1991, cuando Carlos Salinas de Gortari sacrificó al priista Ramón Aguirre para imponer en su lugar, como interino, a Carlos Medina Plascencia. La entidad del Bajío es la más violenta del país (Infobae, 20.02.24) y la que registró el mayor número de masacres el año pasado (44). Le siguen Guerrero (38) y Zacatecas (33) gobernados por Morena (Dallas News, 26.12.03). Esa es una de las herencias de Diego Sinhue Rodríguez, quien entregará el poder el 26 de septiembre próximo a su correligionaria Libia García Muñoz Ledo o a la morenista Alma Alcaraz Hernández. Guanajuato es por ahora el único estado seguro para Acción Nacional, pues la competencia en Yucatán luce apretada.
De acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, los homicidios en el país aumentaron 5% en enero para totalizar 2 mil 433. Los estados con mayor número de casos son Guanajuato (250), Estado de México (222), Baja California (196), Michoacán (156) y Jalisco (153). Sin embargo, la atención mediática está centrada en Guerrero y Zacatecas, donde por primera vez Morena ejerce el mando después de haber vencido al PRI. No es casual que así sea, pues por razones electoreras conviene apartar los reflectores de los territorios panistas.
El 15 de marzo, en Saltillo, la candidata de la coalición «Fuerza y Corazón por México» (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez, pidió ver «cómo están Guerrero, Zacatecas y Michoacán». En Guanajuato (donde la abanderada de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, acaba de ser asesinada) y Chihuahua las cosas están peor. Por esa razón, Gálvez prefirió poner de ejemplo a Yucatán y Coahuila, cuyo «modelo» ofreció aplicar en todo el país, en caso de ganar la presidencia, lo cual se ve remoto conforme se aproximan las votaciones del 2 de junio. «La probabilidad de que la morenista Claudia Sheinbaum gane la elección (…) es muy alta. (…) El 65% de los encuestados cree que ella ganará la elección e, incluso, un 61% considera factible que obtenga una votación superior a la que AMLO logró en 2018», advierte la encuesta de Grupo Reforma difundida el 19 de marzo.
Gálvez mentó la soga en casa del ahorcado cuando mencionó al exgobernador Rubén Moreira y a su equipo como los artífices del modelo Coahuila. La pacificación del estado se debe en gran medida a las fuerzas armadas y a la sociedad civil. Las masacres en Allende y Piedras Negras y las miles de desapariciones forzadas en La Laguna y otras regiones, ocurridas durante el moreirato, figuran en la denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentada ante la Corte Penal Internacional el 8 de julio de 2017.
La comunicación «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad» apunta a los hermanos Humberto y Rubén Moreira —cuya colaboración presume Gálvez— «por su presunta complicidad en los atroces crímenes cometidos durante sus Gobiernos» (Proceso, 08.07.17). Si la candidata opositora espera votos de Moreira II, puede remitirse a las elecciones de 2017 en el estado. El PRI estuvo a punto de perder la gubernatura por los agravios del clan a una sociedad indefensa y agraviada, no solo por las masacres y la violencia, sino también por la deuda de 40 mil millones de pesos. Una parte significativa de esos caudales fue a parar a campañas políticas del PRI y al bolsillo de funcionarios inescrupulosos.
