En su artículo «Masacres insepultas», el periodista Gerardo Hernández analiza por qué las tragedias ocurridas en Coahuila entre 2005 y 2016 no pudieron ser olvidadas ni silenciadas, a diferencia de otros escándalos como la megadeuda. Según el autor, a pesar de los intentos oficiales por ocultar los hechos, la presión de medios de comunicación y organizaciones internacionales mantuvo estas heridas abiertas. Estos crímenes, ocurridos durante un periodo de violencia extrema, son hoy piezas centrales de informes de la ONU que buscan justicia para las víctimas de desaparición forzada.
El informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentado ante la Corte Penal Internacional es contundente al señalar que, durante las administraciones de Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira, existió una colusión entre autoridades estatales y grupos criminales. Estos documentos detallan actos atroces, como la masacre de Allende y el uso del penal de Piedras Negras para asesinar y desaparecer a más de 150 personas. La gravedad de estos eventos ha llevado a los organismos internacionales a clasificar estos episodios como crímenes de lesa humanidad, señalando la pasividad y cooperación de las fuerzas de seguridad.
Gerardo Hernández expone que, para sostener este sistema de impunidad, se construyó un blindaje político y administrativo. En este esquema, Rubén Moreira logró controlar los organismos de protección a los derechos humanos tanto a nivel federal como estatal. Para ello, utilizó a figuras clave como Miriam Cárdenas y Armando Luna, quienes fueron nombrados titulares de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila antes de ocupar otros cargos estratégicos. Según el texto, estas designaciones formaron parte de una estratagema para simular avances legales mientras el estado enfrentaba una crisis de violencia.
Finalmente, el autor destaca que, aunque se crearon instituciones como la Academia Interamericana de Derechos Humanos y se intentó publicar obras que elogiaran los logros de la administración, la verdad internacional terminó por imponerse. El silencio de figuras nacionales y el uso de jugosos presupuestos no bastaron para frenar las investigaciones de la FIDH ante la Corte Penal Internacional. Hoy, estos casos permanecen como una deuda histórica, donde la comunidad internacional exige que los altos funcionarios y cómplices rindan cuentas por las desapariciones y torturas que marcaron a Coahuila.
