Si una sola chispa basta para incendiar la pradera, no se necesita más que un acto para demostrar que la seguridad ciudadana está bajo amenaza permanente, y que la retórica triunfalista no blinda contra agresiones de cualquier tipo y en los lugares menos pensados. El ataque del 1 de octubre en la secundaria Justo Sierra del ejido La Unión, en Torreón, puso de nuevo a Coahuila bajo los reflectores del país y el extranjero. El asesinato de la subdirectora, Nedi Edit Nevárez, y las heridas infligidas a otras cuatro personas, son un recordatorio de que nadie está a salvo. Al respecto existe un precedente: el 10 de enero de 2020, en el colegio Cervantes, una maestra fue asesinada al tratar de proteger a sus alumnos, cinco de los cuales —y un docente— también recibieron disparos. El agresor, un niño de 12 años, se suicidó.
Los protagonistas de la tragedia en la secundaria lagunera —los gemelos Carlos «N» y David «N», de 18 años— deberán pagar su culpa. Sin embargo, ellos no son los únicos responsables, sino, de alguna manera, víctimas de un sistema que olvida a sus niños y jóvenes al no brindarles entornos libres y seguros para su desarrollo. Tampoco ofrece atención y cuidado a los más vulnerables y a quienes sufren violencia física y psicológica en hogares disfuncionales y desintegrados. No viven allí por voluntad, sino empujados por un modelo económico y productivo que convierte a padres e hijos en piezas intercambiables de una maquinaria inhumana al servicio del capital y sometidas al consumo.
Centrar el foco en Carlos y David —víctimas, en su infancia, de abandono y reclusión en instituciones no aptas para menores en proceso de formación— es el camino más cómodo y simplista. Pedir la penalidad más alta por los crímenes que se les atribuyen es hablar para las galerías, pero no resuelve el problema de raíz: el fenómeno de vacío creciente y la falta de propósito que atraviesa a las familias y a la sociedad entera, al margen de su estatus. Lo ocurrido en la secundaria de La Unión también representa un fallo de seguridad que debe asumirse. Los sucesos previos en el Cervantes obligaban a extremar los controles de ingreso a los planteles.
Las cámaras que observan y graban a los ciudadanos día y noche captaron los movimientos de los hermanos agresores, pero nadie reaccionó… sino después, cuando ya no había nada que hacer. Incluso fueron los vecinos quienes sometieron, con violencia, a Carlos y David. Frente a los hechos y las fuentes que los inspiraron, resulta inaplazable legislar para someter a controles rígidos
el ecosistema de tecnologías, plataformas y redes a las cuales los niños y jóvenes tienen acceso. Este negocio, manejado y manipulado por un puñado de oligarcas inescrupulosos cuya prioridad es la utilidad y no la vida de las personas, ha impuesto su ley a los gobiernos del mundo. El poder económico se los permite.
Las sociedades que habitamos son cada vez más insolidarias e indiferentes al quebranto ajeno. El individualismo aísla y despoja de la nobleza de sentimientos. Los delitos cometidos por Carlos y David son graves y reprochables. Señalarlos por sus faltas sin tomar en cuenta sus historias y las circunstancias que los orillaron a actuar como lo hicieron, tal vez sirva para aplacar las conciencias individuales y colectivas, mas no para sanar a la humanidad —ni exculpar a las autoridades— del mal mayor que la carcome. Este mal no es otro que la degradación del tejido social y un sistema de justicia al servicio de los poderosos.
