El fracaso del capitalismo neoliberal reactiva el debate ideológico a escala global
El escándalo por el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, difundido con profusión por Carlos Loret de Mola y celebrado por el conservadurismo, abolla el teflón del presidente López Obrador, pero no lo destruye. Roberto Madrazo, exlíder del PRI, detrás de Latinus
RARDO HERNÁNDEZ G.
La controversia de sectores de la prensa y del poder económico con el Gobierno tiene como trasfon- do político la lucha por el poder —faltan más de dos años para la sucesión—, asentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana, el 17 de febrero. En la mañanera de ese día, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó sobre el avance de las investigaciones para esclarecer el asesinato de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ocurridos en enero pasado en la misma ciu- dad donde en 1988 Héctor «el Gato» Félix, cofundador del semanario Zeta, fue acribillado por denunciar la corrupción, el tráfico de drogas y el abuso de los poderosos. Jesús Blancornelas, director de la revista, acusó a Carlos Hank Rhon, hijo del exgobernador de Estado de México, Carlos Hank González, de haber ordenado el crimen. Seis años después, también en Tijuana, el candidato del PRI a la presidencia, Luis Donando Colosio, murió abatido por un supuesto asesino solitario.
El presidente manifestó su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo, pero diferenció a la prensa de a pie, que expone su vida y es mal remunerada, de la que sirve a los grupos de poder para atacar a la Cuarta Transformación. Citó el caso de Car- los Loret de Mola, cuyos ingresos —dijo— rebasan los 35 millones de pesos anuales. Latinus, una de las fuentes de financiamien- to de Loret, «está vinculado con las (10) empresas que (…) le vendían al Gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos al año. De ahí viene también el enojo», acusó. El sitio de periodismo digital Sinembargo.mx publicó al respecto, el 29 de marzo de 2021:
«Detrás de Latinus (…) que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria (de Relaciones Exterio- res) Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al (entonces) secretario privado del gobernador de Michoacán, Silvano Au- reoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival politico del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco».
Latinus ha hecho pinza con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) donde anida otro sector antagónico de AMLO. El fundador de la ONG, Claudio X. González Guajardo, junto con un grupo
de escritores (Enrique Krauze, Aguilar Ca- mín y Jorge Castañeda) es el promotor de la coalición «Va por México» (PRI-PAN-PRD) que el año pasado le disputó a Morena el control de la Cámara de Diputados y de 11 estados. El intento fracasó, pues el partido de López Obrador conservó la mayoría absoluta en el Congreso y ganó las guber- naturas. MCCI recibe financiamiento de entidades estadounidenses como MacArthur Foundation, USAID, Ford Foundation, National Endowment for Democracy y la Confederación Suiza.
La USAID (Agencia de los Estados Uni- dos para el Desarrollo Internacional) se creó en el primer año de Gobierno de John F. Kennedy y depende del Departamento de Estado, hoy a cargo de Anthony J. Blinken. En la mañanera del 7 de mayo de 2021, previo a la reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, López Obrador denunció que el financiamiento a MCCI representa «un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía». Acusó a González de «golpista» y definió conceptualmente el término: «(…) no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del Ejército. El golpismo es un movimiento que se va gestando y que puede consumarlo el Ejército, o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de Gobiernos extranjeros (y) de medios de comunicación».
La victoria abrumadora de AMLO en las elecciones de 2018 provocó, desde su toma de posesión, una respuesta furibunda de la ultraderecha. AMLO obtuvo 30 millones de votos. Los otros tres candidatos, juntos, captaron 27 millones, equivalentes al 59.19 y al 43.8% de la votación válida sin descontar los votos nulos (1.5 millones). El debate ideológico en el mundo ha resurgido por el fracaso del capitalismo neoliberal, incapaz de zanjar la desigualdad social y reducir la pobreza. Un documento del Observatorio de Políticas Globales, publicado en 2018, advierte: «La Agenda 2030 cita las “enormes disparidades de oportunidades, riqueza y poder” como uno de los “inmensos desafíos” para el desarrollo sostenible. Reconoce que “el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible… solo será posible si se comparte la riqueza y se combate la desigualdad de los ingresos».
López Obrador afronta a la oligarquía y a los medios de comunicación bajo su órbita, basado en la legitimidad de las urnas. Pese al fracaso del Gobierno en seguridad, sa lud y economía, los índices de popularidad del presidente se mantienen por encima del 60%. Morena se afianza como primera fuerza electoral y tiene la mayor intención de voto en los estados. Un cable diplomático del Gobierno de Estados Unidos, despachado al principio de su administración, explicaba entonces el fenómeno: «(AMLO) se beneficia de tener partidos de oposición divididos, relaciones públicas magistrales y el toque (de hombre común). (Su imagen) gana brillo al recortar presupuestos guber- namentales y al visitar partes del país que durante mucho tiempo han estado abandonadas» (Reforma, 06.04.21).
«El teflón sobre AMLO» se mantuvo en su primer año de Gobierno, dice la nota firmada por el entonces embajador Christopher Landau. La “capa protectora” [término utilizado por la administración del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, para entender el escaso o nulo efecto de las críticas y los errores en algunos jefes de Estado (Jorge Buendía, El Universal, 04.12.18)] se mantuvo en el segundo y el tercer año de la gestión amlista, no obstante la violencia, la pandemia de COVID-19, la falta de crecimiento económico y la confrontación del presidente con el conservadurismo y otros sectores.
Empero, lo que otras crisis no lograron lo consiguió el escándalo de la casa alquilada en Houston por el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, y su esposa Carolyn Adams, entre agosto de 2019 y julio de 2020: abollar el teflón presidencial. El reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu- nidad, difundido con bombo y platillo por Carlos Loret de Mola en el portal Latinus, apuntaba hacia un conflicto de interés. La residencia pertenece a un exejecutivo de la empresa Baker Hughes Co., a la cual Pemex le ha asignado contratos por más de 151 mi- llones de dólares. El dueño de la vivienda, Keith Schilling, aclaró la situación en un correo electrónico dirigido a la agencia de noticias Bloomberg. Schilling trabajó en Baker Hughes entre 2016 y 2019 y cuando se mudó a Canadá decidió rentar su casa de Houston. «No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera alguna. En cualquiera de mis roles en Baker Hughes, no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en o relacionado con México», asegura (Reforma, 05.02.22). La información la corroboró el despacho de auditores R. McConnell Group el 21 de febrero.
El presidente López Obrador reaccionó contra MCCI, Latinus y los medios que los secundaron. «Es Claudio X. González, por- que (…) eran los dueños o se sentían los due- ños de México con periodistas deshonestos (…) y mercenarios, capaces de inventar cual- quier situación, como Loret de Mola (…). Siempre (…) he salido de la calumnia ileso. Por eso es muy importante la honestidad. No se puede enfrentar a una mafia de poder si autoridad moral. La honestidad es el escudo que protege», declaró en la rueda de prensa del 9 de febrero, coincidente con el 105 ani- versario de la Marcha de la Lealtad. El teflón se abolló, pero aún no se rompe.
COMO ANILLO AL DEDO
The New York Times (TNYT) y The Washing- ton Post (TWP) se han sumado a las protestas por el asesinato de periodistas en México. La cobertura del Times y la Dama Gris sobre el escándalo Watergate, iniciado con el allanamiento a la sede del Partido Demócrata, forzó la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. Los sexenios más violentos contra el gremio han sido los de Felipe Calderón y Peña Nieto, con 48 y 47 muertes. En poco más de tres años, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya acumula 30. De acuerdo con el Observatorio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre periodistas asesinados, la tasa de impunidad ronda el 90% (El Economista, 17.01.22).
El Gobierno no minimiza ni oculta la magnitud del fenómeno, dice Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Imposible hacerlo. La escalada de violencia contra periodistas tiene un agravante: la animosidad del presidente López Obrador hacia los medios de comunicación adversos y los críticos de la Cuarta Transformación. AMLO recortó el gasto en imagen, suprimió privilegios y canceló contratos a figuras mediáticas que facturaban millonadas a las administraciones precedentes y hoy son sus principales detractores. Lo acusan de autoritario.
A los adversarios de AMLO les cayó como anillo al dedo el escándalo de la casa que el matrimonio de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams rentaron en Houston. Mexicanos Primero Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el portal Latinus y otros sectores de la prensa, en particular Reforma, presentaron el caso como el típico conflicto de interés y lo aprovecharon para minar la credibilidad presidencial, la cual se basa en la austeridad y el combate a la corrupción. La respuesta del presidente, en medio de una ola de asesinatos de periodistas (cuatro en enero), echó más leña al fuego. En varias ciudades del país e incluso en la mañanera del 16 de febrero, el gremio protestó por la violencia y demandó garantizar la libertad de expresión. La campaña digital «Todos somos Loret» dividió opiniones por lo controvertido del personaje.
López Obrador no dio su brazo a torcer. En su Gobierno, dijo, «nadie ha sido ni será censurado: ni Loret de Mola, ni López Dóriga, ni Ciro (Gómez Leyva), ni Carmen Aris- tegui, (…) ni los del pasquín conservador de la mafia del poder que es el Reforma. (…) he hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia (…). Pero ellos se meten con todo, no hay limitaciones (…). Antes los medios de comunicación tenían un poder omnímodo, me refiero a las empresas, a los de arriba (…) a nosotros, en la oposición, nos dieron hasta que se cansaron y aguantamos calumnia tras calumnia, de todo tipo (…)».
En un editorial del 15 de febrero, donde se refiere al asesinato de periodistas y a los ataques a Loret, The Washington Post recuerda el compromiso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de «proteger y promover medios de comunicación libres, independientes y diversos en todo el mun- do». Por tanto, le pide condenar la situación en México, pues, de lo contrario, «los regímenes deshonestos y los delincuentes se- guirán actuando como si tuvieran vía libre para silenciar las voces independientes».
AMLO replicó a TWP, propiedad, desde 2013, de Jeff Bezos —fundador de Amazon cuya fortuna por más de 100 mil millones de dólares lo convierte en el segundo hombre más rico del mundo después de Elon Musk (Tesla)—: «¿Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México, qué no sabe cómo imperaba la corrupción, cómo un grupo se sentía el dueño de México, cómo fueron los causantes de la desigualdad, de la pobreza, de que se desatara la violencia en el país?, ¿no lo sabe…?».
