En La Haya, el presidente del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), Nawaf Salam, ordenó a Israel detener su ofensiva militar en Rafah, al sur de Gaza. Minutos después, un bombardeo israelí generó una densa nube de humo negro en la zona, reflejando la limitación del TIJ: aunque sus resoluciones son vinculantes, carece de mecanismos para imponer su cumplimiento. La comunidad internacional, y en particular el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos tiene derecho de veto, deberá decidir los próximos pasos.
Israel parece dispuesto a seguir su operación, interpretando la orden del TIJ de manera restrictiva. Según el TIJ, Israel debe evitar acciones que puedan llevar a la destrucción total o parcial de los gazatíes, pero Israel afirma que sus operaciones no crearán tales condiciones. En un comunicado, Israel aseguró que minimizará el daño a los civiles y permitirá la entrada de ayuda humanitaria.
El TIJ ya había ordenado a Rusia suspender sus operaciones militares en Ucrania en marzo de 2022, sin éxito. Ahora, la situación de Israel pone a prueba la credibilidad de la ONU. Balkees Jarrah, de Human Rights Watch, destacó que solo la presión internacional, a través de embargos y sanciones, podría forzar a Israel a cumplir.
La reacción israelí sugiere que seguirá la ofensiva en Rafah mientras convenza a sus aliados, como EE.UU., de que no está cometiendo genocidio. Esto pone a los gobiernos proisraelíes en una posición difícil: apoyar a su aliado o respaldar las decisiones de la ONU. Las recientes protestas estudiantiles en varios países reflejan el creciente malestar global por esta situación.
El TIJ señaló que las medidas israelíes para proteger a los desplazados en Rafah son insuficientes y duda de la efectividad de los esfuerzos de evacuación. La evacuación forzosa ya ha desplazado a 800,000 personas en Rafah, la mayoría provenientes de otras partes de Gaza. Israel, que no reconoce la competencia del TIJ en este caso, presentará estas evacuaciones como prueba de que está evitando víctimas civiles. El tribunal exige a Israel que permita investigar las alegaciones de genocidio y preserve pruebas.
