La sanidad pública mexicana otorgó contratos por 9,500 millones de pesos a distribuidores de medicamentos señalados por prácticas ilegales entre 2021 y 2025. Una investigación del ICIJ y EL PAÍS revela que casi 30 empresas que operan sin autorización o incumplen normativas sanitarias abastecieron a una veintena de estados y grandes instituciones de salud. La falta de controles durante compras de emergencia y cambios en el sistema de adquisiciones facilitaron estas transacciones, donde el 90 por ciento del monto total se asignó mediante adjudicación directa.
La empresa Ethomedical encabeza la lista con contratos por cerca de 8,000 millones de pesos, principalmente con el IMSS, a pesar de presentar irregularidades graves. Otros distribuidores bajo la lupa incluyen a Santek Health e Industrias Danjur, involucrados en investigaciones por fármacos presuntamente falsificados. Este fenómeno ocurre en un contexto donde México se sitúa entre los seis principales países con mayor distribución de medicinas clandestinas a nivel global. El mercado ilícito se quintuplicó desde 2018, aprovechando los vacíos generados por el desabasto institucional. Expertos señalan que la laxitud en la vigilancia de los proveedores permite que empresas suspendidas por la Cofepris continúen operando con recursos públicos, comprometiendo la seguridad de los pacientes en el sector salud.
