Solicitó a la Corte otorgar una suspensión a ese decreto mientras se pronuncia sobre el fondo de las controversias. «Es la hora de los tribunales, confiamos en que el orden democrático y constitucional sea restaurado”, aseguró el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Al acusar que contiene un “cúmulo de violaciones”, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda controversia constitucional contra el llamado plan B del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en materia electoral que promulgó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo y solicitó que se otorgue una suspensión a ese decreto mientras se pronuncia sobre el fondo de las controversias.
Pidió a la Corte que se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el órgano electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.
“Es la hora de los tribunales, confiamos en que el orden democrático y constitucional sea restaurado”, aseguró el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
El INE aseguró que mediante esta controversia defiende no solo su autonomía sino el Estado democrático, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales.
Fraude a la ley
Explicó que la controversia está articulada en cuatro ejes: en primer lugar, la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, lo que representa un franco fraude a la ley que impactó en la calidad democrática de la reforma, pues no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo.
En segundo término, la vulneración a la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
En tercer sitio, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.
Asimismo la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.
Recordó que esta controversia se suma a la primera que interpuso el pasado miércoles 1 de febrero contra la primera parte de este Plan B en concreto contra la ley general de comunicación social y la de responsabilidades administrativas.
El INE recalcó su plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la SCJN, se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma.
