Coahuila participó en las marchas por la defensa del Instituto Nacional Electoral bajo la consigna: «el INE no se toca». La movilización ciudadana surtió efecto, pues los partidos de oposición votaron contra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual necesitaba mayoría calificada en el Congreso para su aprobación. Aun así, los diputados de Morena y los partidos Verde y del Trabajo aprobaron el «plan B», pues los cambios a las leyes secundarias no precisan el voto de las dos terceras partes del pleno. La presión se dirigió después hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el ministro Javier Laynez dejó en suspenso los cambios a la Constitución mientras se emite la resolución judicial firme. AMLO ha perdido varias batallas en el máximo tribunal constitucional.
Paradójicamente, al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se le mide con distinto rasero. El debate entre Manolo Jiménez, Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Evaristo Lenin Pérez, en Torreón, ha sido por mucho el mejor de los organizados por una institución históricamente alineada al PRI y al Gobierno, de la cual deriva su falta de credibilidad. La excepción fue el Consejo Estatal Electoral (CEE), responsable de las elecciones de 1996. Sin un árbitro parcial y a su servicio, el PRI sufrió la peor derrota: perdió por primera vez las principales alcaldías y el control del Congreso local. El «error» se corrigió con la designación de Homero Gloria como presidente del CEE.
Humberto Moreira premió los servicios de Ramos con la Secretaría de Gobierno, pero después lo degradó para enfriar sus ambiciones futuristas. Rubén Moreira rescató a Ramos y lo convirtió en fiscal general del estado con una tarea específica: tapar la megadeuda y el desvío de casi mil millones de pesos a empresas fantasma. Ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde el moreirato colocó a uno de sus júniores, sin carrera judicial, para convertirlo después en presidente. El IEC siguió en la órbita del poder durante la gestión de Gabriela de León, cuyo servilismo en las elecciones de gobernador de 2017 fue su estigma. Bajo su presidencia los debates favorecieron al PRI. La intrusión de los gobernadores en los organismos comiciales provocó una reforma para transferir al INE la elección de los consejeros del organismo local. En la práctica, empero, las cosas siguieron igual. De León se embolsó 1.1 millón de pesos del erario como bono de retiro, sin que nadie chistara.
El plan para mantener subordinado al IEC se frustró con la llegada de Rodrigo Paredes a la presidencia de la institución, lo cual es plausible pero aún temprano para evaluar su grado de autonomía. Una señal positiva consistió en cambiar el formato de la polémica en Torreón. Otro acierto fue la elección de los moderadores, quienes, en algunos momentos, superaron a los candidatos, sobre todo a Jiménez, con menos tablas en escenarios no controlados por el aparato. Sin embargo, con el IEC ocurrió lo contrario que con el INE. En vez de reconocimiento por propiciar un debate auténtico, en el cual los candidatos pudieran expresarse con entera libertad, cruzar acusaciones y presentar propuestas, el establishment se escandalizó y desató una campaña contra la autoridad electoral.
«Las descalificaciones no nos interesan», vociferó uno de los representantes del sector privado, aliado y promotor, como la Coparmex, de la coalición PRI-PAN-PRD. Hablar de corrupción, impunidad, tráfico de influencias, complicidad entre políticos y delincuentes, exhibir estadísticas ocultas sobre delitos patrimoniales, adicciones…, desenmascara, no descalifica. También exhibe a los organismos empresariales cuya respuesta al moreirazo, la venalidad, el docenio trágico y otras barbaridades ha sido el silencio. El IEC no debe ceder a chantajes ni dejarse intimidar. Al contrario, debe garantizar que el debate de este lunes supere al de Torreón. Lo mismo vale para los moderadores Rosa Ivonne Melgar y Alejandro Cacho. Ojalá den la talla y llenen los zapatos de Sandra Romandía y Javier Solórzano.
