El Consejo Directivo de la Universidad Antonio Narro tiene todavía hoy la oportunidad de enderezar un proceso que hasta ahora ha sido opaco y con claros visos de manipulación, y así evitar un conflicto que iría en demérito de la estabilidad e imagen institucional.
Este viernes se deberá definir quiénes de los nueve aspirantes son reconocidos como candidatos. Y es aquí donde comenzarán los asegunes, pues el estatuto establece en la fracción novena de su artículo 183 que “…el Consejo Directivo nominará la TERNA de candidatos elegibles…”, pero en la cláusula décimo quinta de la convocatoria establecieron que el Consejo dará a conocer “los nombres de ÉL o los aspirantes…”, deslizando la posibilidad de que pudiera ser uno solo, lo cual iría en contra de la legislación interna de la Universidad que claramente habla de una terna.
La convocatoria establece que hoy se da la definición, y hoy también es el único día en que quienes se consideren afectados pueden presentar un recurso de reconsideración. Vamos a ver con qué sale el Consejo y a qué hora da a conocer su resolución.
Desde que en la segunda semana de septiembre se abrió formalmente el proceso, el Consejo se ha mostrado parcial permitiendo actos anticipados de campaña por parte de algunos de los aspirantes, y desestimando impugnaciones a las que ni siquiera han dado respuesta.
No permitieron que las entrevistas a los aspirantes fueran en sesiones públicas, hubo una negativa absoluta a trasmitirlas en video por plataformas digitales o a permitir siquiera que un representante de cada aspirante acudiera como observador. De ahí surge la sospecha que para los aspirantes alineados al grupo que controla al Consejo fue una sesión laxa de mero trámite, mientras que para los independientes fue una prueba rigurosa.
Se le ha pedido también al Consejo dar a conocer los parámetros de evaluación y la metodología con la que se hará la ponderación entre los resultados de la auscultación a la comunidad universitaria y las entrevistas a los aspirantes. Petición que cayó en oídos sordos.
De los siete consejeros, tres claramente están definidos con los intereses de Jesús Rodolfo Valenzuela, otro se ha mostrado más institucional, y tres son externos.
Los consejeros deben de reflexionar sobre la trascendencia de la decisión que tomarán hoy, y sobre el momento que vive la Universidad. Van saliendo de dos años de pandemia que significaron rezago académico, se enfrentan a recortes presupuestales severos que complican el desarrollo institucional, detonar un conflicto que termine dirimiéndose en los tribunales sería un grave error.
Y como si hicieran falta elementos de tensión, en la Unidad Laguna este jueves tuvieron que suspender clases y dar entrada a corporaciones de seguridad federales y estatales, ante el rumor de que habría un tiroteo. Esto más que una broma estudiantil denota un interés de ir generando inestabilidad.
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Dirigentes de las agrupaciones que venden protección a los propietarios de autos que fueron introducidos de contrabando al país vuelven a levantar la voz, pues dicen que con todo y la prórroga al proceso de regularización hasta el 31 de diciembre, el tiempo será insuficiente porque no logran conseguir las citas en los módulos del Repuve.
Parece que UDC, Onappafa y similares no se han dado cuenta de que ya les salió competencia, y así como ellos hicieron por años gran negocio vendiendo engomados para que los propietarios de autos chuecos no fueran molestados por la autoridad, ahora son gremios sindicales los que están sacando provecho de la regularización.
Gremios que ya se alinearon a los proyectos políticos de la 4T son los que tienen el control en la entidad de las citas para los módulos del Repuve. Es parte del aceite para la maquinaria electoral que están alistando para la competencia 2023.
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En agosto el Consejo Cívico de las Instituciones en La Laguna alertó que de enero a julio se había increm entado la incidencia de dos delitos en específico, el robo con violencia, con un crecimiento del 86.1 por ciento en ese período comparado contra un año antes; y el robo a negocios, con un crecimiento del 29.4 por ciento.
Ahora ha dado a conocer el CCI la medición de enero a agosto, y con sólo un mes más ambas figuras delictivas siguen creciendo exponencialmente. El robo con violencia registra 101.9 por ciento más en los primeros ocho meses del año, y el robo a negocios 34.1%.
En agosto señalamos, que el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, debería tomar cartas en el asunto y apretar donde sea necesario, recordando lo que costó recuperar seguridad y paz tras la violencia que se vivía hace una década.
Como lo dijimos entonces, no son los números ni las circunstancias de hace una década, pero no se puede permitir ningún tipo de retroceso.
