El martes, cuando ocurrió el siniestro que dejó como saldo dos muertos en un pozo de carbón en Sabinas, se encontraba en esa ciudad la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, pero no alteró su agenda para acudir en apoyo al lugar del accidente.
Como si no hubiera una emergencia, Velázquez Alzúa se concentró en sus reuniones informativas con los deudos de El Pinabete y de Pasta de Conchos, como si no se pudieran postergar para otro momento –que ya ha ocurrido— o tuviera realmente una información relevante que presentar, diferente a la que repite cada quince días en que acude a la Carbonífera.
Esa indiferencia ante lo que ocurría en el ejido El Mezquite, refleja la falta de sensibilidad que caracteriza a este gobierno; la carencia absoluta de compromiso y de sentido de la responsabilidad que hay en sus funcionarios.
Se supondría que la titular de Protección Civil en el país tendría la capacidad de reacción y organización para ir a encabezar el auxilio en una emergencia, pero en el caso de El Mezquite no fue así.
Para Velázquez Alzúa y su dependencia el nuevo accidente minero solo mereció un tweet informando que fueron recuperados los cuerpos de los dos trabajadores que fallecieron.
De hecho El Mezquite no solo puso en evidencia a Protección Civil, sino a todas las instancias del gobierno federal relacionadas con la minería del carbón, e ilustra a la perfección cómo empresarios del sector se burlan de la autoridad y le dan a sus operaciones un matiz de legalidad cuando en realidad trabajan de manera ilegal.
Y es que a la mañana siguiente del siniestro, la Secretaría del Trabajo confirmó que la operación minera en ese pozo estaba restringida desde agosto del año pasado, pero sin embargo Minera Fuga tenía un registro patronal vigente ante el IMSS, y no con un domicilio falso como ocurrió por ejemplo en El Pinabete, sino declarado precisamente en el ejido El Mezquite.
¿No hay un intercambio de información entre la Secretaría del Trabajo y el IMSS?, ¿no tendría que notificarse al Seguro Social cuando se clausura un centro de trabajo?, ¿no tendría el IMSS que alertar cuando una empresa supuestamente clausurada da de alta trabajadores y paga sus cuotas?
Al cliente de Minera Fuga, que es la Comisión Federal de Electricidad, ¿no se le debería informar de una clausura por condiciones de inseguridad?
Sería incluso recomendable que se informe a la ciudadanía sobre los centros de trabajo clausurados, para que contribuyan a denunciar si es que los ven operando.
Pero de nuevo lo confirmamos, en la seguridad de la minería del carbón hay mucho de simulación, gran avaricia, y poco compromiso, y con la misma tijera se corta a las autoridades que a los empresarios del sector.
En el mismo tema, el delegado de la Fiscalía del Estado en la Región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, sigue sin dar la cara a los medios de comunicación tras el siniestro en el que murieron dos mineros.
El miércoles y el jueves su secretaria dijo a los reporteros que Ramírez Guillén trabaja fuera de la delegación por lo que no puede atenderles. ¿Está de vacaciones o se está escondiendo?
Ya se tendrían que haber girado citatorios y tomado declaración a los dos socios de Minera Fuga, Orlando García y Víctor Mussi, pero tal parece que como ha ocurrido siempre en estos casos, les han dado la oportunidad de desaparecer, ahora sí que como dice su razón social darse a la fuga, para que algún intermediario trate de llegar a un acuerdo con los deudos.
La cuestión es que a García y a Mussi los irá a buscar ya no la Fiscalía del Estado, sino la General de la República, pues operaban el pozo pese a la clausura.
Pero mientras tanto el delegado Ramírez Guillén no queda mal con ese grupo de empresarios a los que históricamente ha protegido en la Carbonífera, los juniors del carbón, inversionistas que andan en los 40 años, pero que tienen las relaciones necesarias para conseguir los contratos millonarios con la CFE y la protección local cuando su negligencia termina en homicidio.
