Con sus variantes desde luego, pero bajo las mismas circunstancias de fondo, la historia se repite. A quince días de que se cumpla un año de la inundación que cobró diez vidas en El Pinabete, murieron este martes otros dos mineros, ahora porque se reventó el malacate con el que los bajaban a la plancha de un pozo de carbón en Sabinas.
Y como pasó en El Pinabete, y ha ocurrido en cada accidente minero en la Carbonífera, comienza la danza de nombres, porque la concesión del yacimiento es de una persona, pero la operación y el contrato de suministro a la CFE son de otra.
Según la organización Familia Pasta de Conchos, la concesión pertenece a Alfonso González Garza, quien es uno de los empresarios que más concesiones tiene en la región, y a quien en su momento se le vinculó con otras minas siniestradas, como el Pozo 3 de Sabinas, donde una explosión en mayo de 2011 dejó catorce muertos.
Ese Pozo 3 era operado por Binsa, empresa de Melchor González, hijo de Alfonso González Garza.
El pocito en que murieron dos mineros este martes era operado por Minera Fuga, empresa de la que es socio mayoritario y representante legal Orlando García Macías.
La empresa fue constituida en febrero de 2018, con un capital contable de 50 mil pesos, que es el mínimo de ley como se han constituido todas las empresas mineras siniestradas en los últimos años. Inicialmente eran socios a partes iguales Orlando García y Víctor Manuel Fuentes Flores.
Un año después, en marzo de 2019, Víctor Manuel Fuentes pone a la venta sus 25 acciones, en mil pesos cada una, y Orlando se queda con 24 de ellas, para sumar 49, y entra un nuevo socio, con una acción, Víctor Karim Mussi Cámara.
El de Víctor Karim Mussi Cámara es un nombre recurrente en las listas de socios de las empresas favorecidas con contratos de adjudicación directa por parte de la CFE.
Además de su acción en Minera Fuga, Mussi también participa en Consorcio Oasis Minería y Transporte, que en 2019 recibió contratos por casi 60 millones de pesos, y en septiembre de 2022 fue invitada a un procedimiento por adjudicación directa para suministrar 60 mil toneladas de carbón para la Termoeléctrica Carbón II, pero se le rechazó por falta de manifiesto de impacto ambiental.
Meses antes, el 30 de junio, la otra empresa de Mussi, en la que es socio de Orlando García, obtuvo el contrato por más de 97 millones de pesos para suministrar 81 mil toneladas de carbón, de las cuales serían 16 mil 200 en 2022; 32 mil 400 en 2023 y 32 mil 400 en 2024, pues el contrato tiene vigencia hasta el 29 de diciembre del año próximo.
En junio de 2022 la CFE adjudicó contratos de suministro a 40 empresas, pero después de la tragedia en El Pinabete en agosto de ese año, la Secretaría del Trabajo suspendió operaciones a 25 que no cumplían con las normas de seguridad, entre ellas a Minera Fuga.
¿Cuándo reanudó operaciones Minera Fuga?, ¿lo hizo con el consentimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o estaba operando de manera clandestina como es común en la región Carbonífera?
La STyPS no ha emitido ningún posicionamiento respecto al siniestro en el pozo de Sabinas, como si no hubiera pasado nada.
Cambian los nombres de las víctimas, cambia la ubicación del accidente, cambian las cifras de muertos y heridos, pero no cambian las condiciones en que trabaja la minería del carbón: con empresarios privilegiados que se van transfiriendo concesiones y contratos, y mineros obligados a trabajar sin las medidas básicas de seguridad.
Al final destaca la promesa incumplida, nunca llegaron las medidas de no repetición que por una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comprometió el presidente López Obrador en octubre de 2020.
En esa misma fecha la hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en ese entonces titular de la Secretaría del Trabajo, dijo: “…Así, en nuestro país no puede pasar desapercibido que los accidentes en minas se pueden prevenir, que la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurran. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas”.
Palabras huecas.
