Muy pronto quedó en claro que la nueva titular de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, no será un elemento que abone al diálogo y al entendimiento, factores indispensables para la estabilidad política que se debe construir desde esa dependencia.
Como se temía, llega como un instrumento más del poder presidencial para atizar el fuego y abonar a la confrontación.
La secretaria Alcalde Luján firmó este martes un oficio emplazando a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en cinco días informe las acciones que se han tomado en el Poder Judicial para asegurarse de que nadie tenga una percepción salarial mayor a la del presidente de la República.
Estamos ante un acto de prepotencia, un mayúsculo despropósito. Tal parece que la titular de Gobernación no tiene noción de que no está en sus funciones pedir cuentas y emplazar a quien encabeza uno de los Poderes del Estado.
Peor aún, se ampara en facultades que le da la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuando esa ley es de observancia para las dependencias del Poder Ejecutivo, no del Judicial, ni tampoco del Legislativo.
Luisa María Alcalde acató obediente la orden que le dieron desde la mañanera. Apenas cumple una semana en el cargo y ya se confirmó como una eficiente recadera, muy lejos de lo que en este momento el país necesita en la Secretaría de Gobernación.
Pobre país.
-o-
Vaya susto que se llevó Jesús Gerardo Sotomayor, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, pues la Fiscalía General de la República pretendía detenerlo dentro de las investigaciones por el caso Segalmex.
La Fiscalía le imputaba a Sotomayor cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero un juez federal negó la orden de captura, pues aunque el magistrado del Tribunal Administrativo en efecto fue de los socios que constituyeron una de las empresas que defraudó a Segalmex, dejó su participación cuatro años antes de que ocurriera el fraude.
La empresa es Coprolac, constituida en 2010, y en 2020 firmó contratos con Segalmex que no fueron cumplidos. Sotomayor dejó su participación en 2016.
Coprolac no solo obtuvo los contratos para deshidratación de leche, además recibió la materia prima, y nunca entregó nada. El daño que se le imputa supera los mil 200 millones de pesos.
-o-
Este martes los diputados locales autorizaron al ayuntamiento de Torreón para que done al Banco del Bienestar un terreno para construir la tercera sucursal de esa institución en aquella ciudad.
Lo que llama la atención es que estarán cediendo a título gratuito un terreno de 400 metros en el fraccionamiento Montebello, donde el precio promedio del metro cuadrado ronda los 4 mil pesos.
Esta seguramente será la sucursal más “fifi” del Banco del Bienestar, pues por ejemplo las otras dos que operan en Torreón, una está en las instalaciones del cuartel militar y la otra en el centro, a una cuadra del mercado.
Muy pertinente abrir esa sucursal en un sector residencial, pues ahora que a todos los adultos mayores que reciben la beca federal se les está abriendo una cuenta en el Banco del Bienestar, y será ahí y ya no más en la banca privada donde se les haga su depósito, ni modo de mandar a los que el presidente les dice encopetadas y perfumados a que vayan a un banquito en el mercado, pudiendo tener sucursal exclusiva en Montebello.
Cuánta congruencia en la 4T.
-o-
Por cierto, la sesión del Congreso fue la última del primer periodo ordinario de este año y se designó a la Diputación Permanente que estará en funciones durante julio y agosto, que para sorpresa de todos la preside el polémico Mario Cepeda Ramírez, llevando en la vicepresidencia a Lizbet Ogazón Nava, y en las secretarías a Olivia Martínez Leyva y Luz Natalia Virgil Orona.
Salvo Olivia Martínez, los otros tres entran a su último semestre en el Legislativo, pues el periodo para el que fueron electos concluye el 31 de diciembre.
