Una vez más la Comisión Federal de Electricidad pone en escena su operación “reborujo”, participando en esta ocasión también la Secretaría del Trabajo en una jugada de varias bandas que tiene como propósito principal librarse de responsabilidad en el caso de “El Pinabete”.
Tenemos como primer elemento los nuevos procedimientos para la adquisición de carbón a los que nos referimos el viernes anterior, y que finalmente el jueves por la tarde CFE decidió declararlos desiertos todos, descalificando a los siete proveedores a los que había invitado a participar.
En todos los casos los descalifica por los mismos motivos, no presentar Manifiesto de Impacto Ambiental, ni acreditación de que estén autorizados para extraer carbón de los predios que declararon en su oferta.
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De repente la CFE se volvió estricta y de entrada consiguió generar confusión, pues hubo quienes lo interpretaron como que se habían cancelado contratos. No es así, se declararon desiertos procedimientos de adjudicación para nuevos contratos, pero los asignados en julio siguen vigentes.
Así, cuatro de las siete empresas a las que ahora descalificaron siguen con pedidos que representan un monto superior a los 200 millones de pesos.
¿En la licitación que se desarrolló en junio y julio sí cumplieron con los requisitos y ahora no?, ¿o en aquella ocasión tampoco cumplieron y hubo tolerancia cómplice?
Es necesario que CFE haga públicos los expedientes de los más de cincuenta contratos asignados en julio, para que se pueda corroborar el cumplimiento de todos los requisitos.
Si CFE realmente requiere las 720 mil toneladas de carbón para las que abrió siete procedimientos de adjudicación directa, en los próximos días tendría que convocar de nuevo. Si no lo hace estaríamos confirmando que todo fue una simulación.
De cualquier manera, salen a relucir otros aspectos interesantes. Tanto a Minerales Don Chilo como a Consorcio Oasis, les descalifican porque presentaron documentos de trámite de manifiesto de impacto ambiental, en los dos casos, con fechas de 17 de noviembre de 2021, y 2 de marzo del 2022, mas no la resolutiva.
Sin embargo, en los registros de la Secretaría del Medio Ambiente, sólo hay trámites ingresados de Don Chilo, pero no de Oasis.
En el caso de la minera de los Flores Guerra, en el trámite que iniciaron en noviembre de 2021 sí hubo resolutivo, en que se les desechó su proyecto “Aprovechamiento de carbón mineral Don Chilo”, para un predio en los municipios de Villa Unión y Guerrero.
Se les desechó porque pretendieron desahogarlo como un proyecto agropecuario, de cambio de uso de suelo de áreas forestales, y no como actividades de extracción mineral.
Y en el trámite que iniciaron en marzo de 2022, para extracción de carbón en el predio “Casi 8”, desde mayo de este año la autoridad ambiental les solicitó mayor información, y no hay registro de que la hayan entregado, por lo que no hay hasta ahora resolutivo.
Así van surgiendo nuevos testimonios de cómo se da la participación de los Flores Guerra en el negocio del carbón, con trampas y engaños.
Al inicio de esta columna decíamos que en la operación “reborujo” participa también la Secretaría del Trabajo, y es que en su afán de negar responsabilidad en el accidente en “El Pinabete” emitieron un comunicado diciendo que nunca hicieron una inspección a la mina porque no se tenía en su padrón registro de que estuviera operando.
Presumen de que el 33% de las inspecciones mineras a nivel nacional las realizan en la Región Carbonífera, ¿no tendrían que empezar por las empresas que reciben contratos de la CFE, como las más de 50 a las que se adjudicaron pedidos en julio, entre ellas “El Pinabete”?.
La Secretaría del Trabajo asegura que en 2021 Minera El Pinabete en un contrato privado cedió los derechos de la concesión a Cristian Solís Arriaga, pero no lo registraron ante la Dirección General de Minas.
Con todo y ello, en febrero intentaron ceder los derechos, ahora a SCI Edificaciones, pero el trámite se les denegó.
Y es este trámite el que viene a explicar que también se involucre a José Feliciano Díaz Iribarren, el famoso “Chano”, pues es el accionista mayoritario de SCI, empresa que en marzo de 2020 modificó su objeto social para incluir entre sus actividades todas las relacionadas a la minería, transporte y comercialización del carbón.
Cuando surgió el nombre de Díaz Iribarren a las pocas horas de la tragedia en “El Pinabete”, buscó desvincularse aduciendo que tenía una relación “de palabra pero no documental”.
No se formalizó documentalmente porque no cumplieron con los requisitos, y eso hasta ahora ha librado a SCI y sus socios de responsabilidad, por lo que ante las autoridades el titular de la concesión sigue siendo “El Pinabete” y el operador Cristian Solís, quien al igual que Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas aprovechó la oportunidad que les regaló la Fiscalía de la República y se ha dado a la fuga.
Órdenes de aprehensión y ficha roja de Interpol más de un mes después de la tragedia, ni la burla perdonan.
