Pues resulta que a unos días de las elecciones, se les afinó el olfato a los sabuesos de la Fiscalía General de la República y dieron con Luis “G”, uno de los dos socios de minera “El Pinabete”.
Desde aquel ostentoso, pero inútil, operativo que hicieron en septiembre del año anterior para un cateo en improvisadas bodegas del “Barrio Uno” de Agujita donde se simulaban las oficinas de “El Pinabete”, en este ÍNDICE lo dijimos, Luis Rafael, el dueño de 47 de las 50 acciones de esa minera, tiene su domicilio en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Claro, en aquellos meses les fue suficiente irse contra el prestanombres, Cristian, que fue quien registró en el Seguro Social a los trabajadores que murieron ahogados, y le abrieron un proceso penal del que no han vuelto a informar.
Luis y su socio Arnulfo formaban parte del carrusel de proveedores de CFE que goza del favor y protección federal, pues de sus contratos que les entregan por adjudicación directa sale para financiar las campañas de la 4T, a veces por Morena, a veces por el PT.
Pero llegó el momento de sacrificar a Luis por la causa. La derrota electoral es inminente y la apuesta para sacar a flote así sea un distrito claramente es meter a alguien a la cárcel.
Desde hace semanas le empezaron a seguir los pasos a Luis, y según versiones lo ubicaron un fin de semana departiendo en el W Marriot de Arboleda, en San Pedro, con otros empresarios mineros, y a partir de ahí se organizó su detención.
La semana pasada obtuvieron de un juez la autorización para catear un inmueble en la exclusiva zona de Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, y ahí fue donde detuvo la Policía Federal Ministerial a Luis “G”.
Está vinculado a proceso “por la explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación”, según el comunicado de la FGR, y eso llama la atención, pues las autoridades habían reconocido que tenía una concesión para esa explotación minera, que la operó de manera negligente y al margen de todas las normas de seguridad, pero se suponía que de manera lícita.
En la vinculación a proceso se fijó un plazo de 45 días para complementar la investigación. Veremos entonces a mediados de julio en qué va el asunto, si es que la FGR informa y no opta por el secretismo como en el caso del proceso a Cristian.
–o–
Se va confirmando lo que ya en días anteriores se advertía, la intención del gobierno federal por quedarse con el Aeropuerto del Norte en Monterrey, ADN.
Al parecer ya hay una notificación de que la concesión, que vence en agosto, no será renovada.
Este aeropuerto, que está desde hace varios años bajo la dirección del coahuilense Óscar Pérez Benavides, es propiedad de particulares, y aunque únicamente opera vuelos privados, destaca sin duda a nivel nacional como uno de los más eficientes, y con mejores indicadores de seguridad, tecnología y financieros.
Se teme que a la negativa a renovar la concesión siga un proceso expropiatorio, y que se entregue el aeropuerto para que lo opere el Ejército.
Lo que está ocurriendo con el ADN envía señales muy preocupantes, que sumadas a otros hechos en diferentes partes del país, como la “ocupación temporal” a Ferrosur, generan un clima de incertidumbre para la inversión y la propiedad privada.
Será interesante ver cómo se defienden los empresarios de Nuevo León en este asunto.
