El 28 de agosto, la Organización Familia Pasta de Conchos demandó del gobierno federal no entregar el rescate en “El Pinabete” a la CFE, por su falta de experiencia en rescate minero, y además cancelar todos los títulos para la explotación de carbón en áreas de alto y mediano riesgo.
Al primer punto el propio presidente de la República le dio respuesta inmediata, anunciando ese día que encomendaba a Manuel Bartlett y a la CFE el plan de rescate con la construcción de un tajo a cielo abierto.
Para el segundo punto la respuesta tardó un poco más, llegó el 2 de septiembre y precisamente a través de la Comisión Federal de Electricidad, que ese día abrió siete nuevos procedimientos por adjudicación directa para la adquisición de carbón.
De cancelar concesiones, nada. Al contrario, compran más carbón en un proceso opaco y favorecen en la mayoría de los casos a los mismos grupos que están siendo señalados por operar desarrollos mineros improvisados y en condiciones precarias. Y, una vez más, está clara la intencionalidad política en las adjudicaciones.
Los nuevos contratos representan un monto de más de 720 millones de pesos, que se estarán pagando entre septiembre de este año y junio del próximo. Oportuna derrama para el proceso electoral en puerta.
Sólo una de las siete empresas a las que se está favoreciendo en esta ocasión tiene experiencia acreditada en la minería del carbón, yacimientos conocidos e infraestructura suficiente para trabajar en condiciones que se ajusten a la norma, Minería y Energía del Noreste, de la familia García de Anda, a la que se le están haciendo pedidos por poco más de 148 millones de pesos, adicionales a los que se le adjudicaron hace dos meses por 55 millones de pesos.
Y nuevamente está en las listas Minerales Don Chilo, de Antonio Flores Guerra, el hermano de la alcaldesa de Múzquiz, quien otra vez se lleva la mayor tajada, pedidos por más de 198 millones de pesos.
Garantizado el flujo para la caja chica –que no es tan chica– con la que se ha venido financiando a los candidatos y precandidatos de Morena.
A Consorcio Oasis, de Efrén Delgado Valdez, se le están haciendo pedidos por 59 millones de pesos. Pero en las especificaciones técnicas se señala que debe ser carbón con las características de la Cuenca de Río Escondido, que comprende los municipios de Nava, Guerrero y Piedras Negras.
Oasis, de acuerdo con la Secretaría de Economía, tiene un título minero que ampara un tajo a cielo abierto, pero está ubicado en Sabinas, en un predio cercano a “El Pinabete”. No hay registro de que tenga yacimientos en la Cuenca de Río Escondido.
A Beneficios Carboneros AJ, de Carlos Carrillo Garza, le adjudican pedidos por 84 millones de pesos, adicionales a los que le contrataron en julio por 55 millones.
Y luego aparecen tres empresas con las que desde el año pasado está participando el grupo de Régulo Zapata Morales en el negocio del carbón.
Las empresas ligadas con el proveedor consentido de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, son:
Minerales y Transportes, representada por David Morales Yutani, que tendrá un contrato por 99 millones de pesos; el año pasado lo tuvo por 61.
Minerales La Florida, representada por Javier Irribarren Balderrama, sumará 66 millones de pesos a los 41 que se le adjudicaron en julio, y en 2021 recibió contratos por 37.
Y por último Consorcio Minero AG, representada por Rodolfo Esquivel Lozano, que recibe este año contratos por 64 millones de pesos. Ahora no le tocó rebanada grande, como en 2021 en que le adjudicaron pedidos por más de 229 millones de pesos.
Con el Consorcio Minero AG se da también la circunstancia de que tiene un título, en su caso para la explotación de un pocito en Escobedo, y le están comprando carbón de la Cuenca de Río Escondido.
Con todo y las fatales consecuencias que el modelo está dejando, lo vuelven a repetir en una actitud que ya no es únicamente cinismo, es un manifiesto acto de autoritarismo y desplante de impunidad.
En la Región Carbonífera corre la versión de que este viernes en Torreón habrá una audiencia ante el juzgado federal en que la Fiscalía de la República radicó el caso de “El Pinabete”, habrá que estar atentos para ver si presentan algún avance real.
