Finalmente sí hubo versión oficial del IMSS sobre el tema al que nos referimos en la columna anterior. Confirman que tanto el director, Víctor Hernández Barbachano, como el subdirector, Óscar Eduardo Rodríguez, del Hospital 7 de Monclova, dejaron su cargo.
No dan detalles de las causas, pero sí señalan en la “tarjeta informativa” emitida que “hasta el momento ningún otro servidor público ha sido separado de sus funciones”, confirmando entonces que Barbachano y Rodríguez fueron separados.
Hasta hoy, dice la tarjeta, se descarta que los directores del Hospital 11 en Piedras Negras, Tomás Solís Cortés, y del Hospital 24 en Nueva Rosita, Gonzalo Martínez León, “estén involucrados en este tema, toda vez que se han conducido con un desempeño ético y comprometido en favor de los usuarios”.
Dijimos en el Índice anterior que si no hubo irregularidades se hiciera público para que no quedara manchado el buen nombre de nadie. Qué bueno hayan dejado a salvo la fama pública de los doctores Solís Cortés y Martínez León.
Pero también es importante se informe a qué se refieren cuando hablan de “este tema”. Vaya, precisar las causas de la separación del cargo de los dos directivos de Monclova, si se sigue una investigación, si hubo un daño patrimonial a la institución o una afectación a los derechohabientes, y si habrá otras sanciones.
Que no pase como con casos anteriores que se dejaron al olvido.
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Será en abril cuando concluya el periodo para el que fueron designados los magistrados Gabriel Aguillón Rosales y Francisco Gómez Gómez, por lo que seguramente en los próximos días se enviará la propuesta del Ejecutivo al Congreso para la designación de quienes les sustituirán, por un periodo de quince años.
En algunos círculos se ve como un perfil idóneo para ocupar una de esas vacantes que se generarán al licenciado Alfonso García Salinas, quien actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Su experiencia como servidor público tanto en la procuración como en la impartición de justicia, su solidez moral y sensibilidad política, lo posicionan como una carta natural, además en un momento que en el Tribunal se requiere una figura de respeto con la capacidad de conciliar y poner por encima de cualquier interés personal los superiores del Estado.
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Hemos hablado de la necesidad de que las corporaciones estatales tengan mayor presencia en carreteras, brechas y caminos de la Sierra de Arteaga, para evitar que las bandas de asaltantes que operan en la zona rural del sur de Nuevo León se infiltren a nuestro estado.
Todo indica que al menos en la Fiscalía General del Estado ya atendieron este punto, pues ya hay rondines de la Agencia de Investigación Criminal en algunos ejidos de Arteaga.
Si eso contribuye al blindaje y además desalienta los robos en cabañas y ranchos, habrá que reconocerlo al fiscal Gerardo Marquez.
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Como dato anecdótico, a propósito del actor Ignacio López Tarso, recién fallecido, en su trayectoria personal, además de su carrera en el teatro y el cine, se cuenta el haber sido diputado federal, compañero en la LIV Legislatura de quienes años después serían gobernadores de Coahuila, Rogelio Montemayor y Enrique Martínez, y de otros cuatro coahuilenses que también acariciaron el sueño de la gubernatura pero no lo alcanzaron, Teresa Ortuño Gurza –candidata del PAN en 1987–; Juan Antonio García Villa; Humberto Roque Villanueva, y Melchor de los Santos Ordóñez.
Que por cierto, sirva el recuento para recordar el nivel que había en las legislaturas de aquellos años.
