Que en el marco del 30 aniversario de la fundación de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila abundaran los reclamos por los casos en que no se han tenido avances en relación con personas desaparecidas, se entiende porque la actividad principal del evento fue la presentación de una relatoría sobre el tema.
Pero además hay trámites en que las autoridades se llevan años, y eso desde luego es cuestionable, pues al dolor que ya afrontan quienes tienen un familiar desaparecido se le suman dificultades de toda índole en las que no encuentran empatía y apoyo de algunas instancias oficiales.
Si bien es cierto que en la administración de Miguel Ángel Riquelme se han dado los más sólidos avances institucionales en varias áreas relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas, hay instancias en donde no lo toman con el mismo compromiso.
Un trámite importante para los familiares de personas desaparecidas es la declaración judicial de ausencia, indispensable para resolver terminaciones laborales, liquidar créditos y poner en orden el patrimonio familiar, y pese a su trascendencia pueden transcurrir hasta 14 años para que se obtenga una sentencia en ese sentido.
En los juzgados familiares de Parras se tramitó el caso de una persona desaparecida, a causa de delito, desde enero de 2009, y fue hasta febrero de 2015 que un agente del Ministerio Público solicitó la declaración de ausencia.
Siete años después, en septiembre de 2022, se dictó la sentencia definitiva, que fue certificada hasta enero de este año.
¿Cómo no va a haber reclamos cuando ese es el ritmo al que avanzan las diligencias judiciales en casos tan sensibles?
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El siempre oportuno chismoso del Facebook nos recordó que el 20 de febrero de 2020 cuestionamos que el Congreso local haya tardado más de cincuenta días en declarar a ese año como el del “Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, Varón de Cuatro Ciénegas”.
“Todo indica que nuestros diputados locales se guían por el primitivo calendario romano, que dividía el año en diez meses…”, escribimos en aquella ocasión.
Ese señalamiento fue para la anterior Legislatura, pero tal parece que como algunos diputados se reeligieron, hubo contagios de parsimonia y este martes en la sesión del Congreso local volvieron a dejar para después la declaración de 2023 como “Año de Francisco I. Madero”, por lo que vamos a volver a tener una conmemoración de diez meses.
Este jueves se cumplen 110 años del asesinato de Madero, y el 30 de octubre se conmemoran 150 de su natalicio, por ello es que se planteó dedicar este año a recordar a tan importante personaje coahuilense, pero sin remedio le regatearon dos meses. ¿Será por los que en el 2020 le quedaron a deber a Carranza?
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En San Buenaventura, la administración de Hugo Lozano Sánchez ya concretó la donación de un terreno de 10 hectáreas para la construcción de la Unidad Interdisciplinaria del Politécnico Nacional, un proyecto que se impulsó desde que el coahuilense Mario Alberto Rodríguez Casas fue director de la institución.
De hecho en instalaciones prestadas el IPN ya ofrecen tres ingenierías en San Buenaventura, y ahora con la donación del predio podrá comenzar a construir su campus, que inicialmente estaba proyectado para 20 hectáreas y con capacidad para 3 mil 500 alumnos y casi 500 docentes.
Contar con el terreno es un paso importante, pero falta lo principal, y esto es que el gobierno federal libere los recursos para la construcción de los edificios y para la contratación de los maestros, y que no vaya a pasar como con el campus Arteaga del Tecnológico de Saltillo, que tiene terreno e instalaciones pero no presupuesto para operar. Cosas de la 4T.
(Las opiniones son responsabilidad del autor)
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